El Ejército y la Policía Federal de México rescataron este martes a más de 500 niños que se encontraban en una casa hogar en el suroccidental estado de Michoacán, donde vivían en deplorables condiciones y sufrían abusos sexuales, informaron fuentes oficiales.
El procurador general (fiscal) mexicano, Jesús Murillo, precisó en rueda de prensa que el rescate se logró durante el registro del albergue La Gran Familia, en la ciudad de Zamora, luego de varias denuncias.
En el sitio, que funcionaba desde hace 40 años, había desde recién nacidos hasta mayores de 40 años que dormían en el piso, pedían limosnas y sufrían abusos sexuales.
Añadió que una vez que se constató el estado en que se encontraba el lugar "se tuvo que actuar para empezar a eliminar las plagas que estaban ahí, ratas, chinches, para poder dejarlo en buenas condiciones".
Añadió que "es difícil de repente mover a 500 niños, y de esto ya se encarga la Secretaría de Gobernación, el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y el estado de Michoacán".
A su vez, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, precisó que la incursión de las fuerzas federales se derivó de "al menos 50 denuncias contra los administradores de esta casa, principalmente la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por privación ilegal de la libertad".
Indicó que "La Gran Familia" está constituida por un internado que alberga a unas 600 personas, desde recién nacidos hasta personas de más de 40 años de edad.
"Durante la investigación se recabaron declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con La Gran Familia y que refieren diversos abusos físicos y psicológicos de parte de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco y de algunos funcionarios de la casa hogar", indicó.
Entre los abusos que narraron los testigos, abundó, figuran "ser obligados a pedir dinero en casas y las calles, ser alimentados con comidas en mal estado, dormir en el suelo entre plagas, tener abusos sexuales y la prohibición de poder abandonar las instalaciones".
Los bebés que llegaban a nacer dentro de las instalaciones eran registrados como hijos de la fundadora, "sin permitir que los padres pudieran llevar alguna tutela de los menores argumentando que los dejaría ir al cumplir la mayoría de edad".
Zerón indicó que durante la operación realizada este martes fue detenida Verduzco y ocho colaboradores, quienes ya rinden declaración ante el Ministerio Público como sospechosos de maltrato y agresiones sexuales.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, dijo que desde que asumió la titularidad del Ejecutivo estatal a fines de junio se enteró de las denuncias contra el albergue, y de los intentos fallidos de asociaciones civiles y legisladores de visitar las instalaciones.
Expuso que entonces procedió a enterarse "de cómo iba la investigación y solicitar a la Procuraduría que acelerara el proceso, dado que las denuncias se habían presentado hace más de un año".
Una vez hecho el cateo, Jara dijo haber quedado consternado porque "no esperábamos las condiciones que se encontraron".
"Efectivamente, más de 500 niños en muy malas condiciones. Yo le solicité al procurador que continúe con las investigaciones, y el estado por supuesto estará coadyuvando para que esto llegue a buen término. No podemos permitir en ningún lugar, ni en Michoacán ni de la República, que ocurran estas cosas, declaró.
Finalmente, informó que el DIF nacional está apoyando al Gobierno estatal "en lo que podemos resolver cómo podremos trasladar a un lugar digno a estos 500 menores de edad".
El procurador general (fiscal) mexicano, Jesús Murillo, precisó en rueda de prensa que el rescate se logró durante el registro del albergue La Gran Familia, en la ciudad de Zamora, luego de varias denuncias.
En el sitio, que funcionaba desde hace 40 años, había desde recién nacidos hasta mayores de 40 años que dormían en el piso, pedían limosnas y sufrían abusos sexuales.
Añadió que una vez que se constató el estado en que se encontraba el lugar "se tuvo que actuar para empezar a eliminar las plagas que estaban ahí, ratas, chinches, para poder dejarlo en buenas condiciones".
Añadió que "es difícil de repente mover a 500 niños, y de esto ya se encarga la Secretaría de Gobernación, el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y el estado de Michoacán".
A su vez, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, precisó que la incursión de las fuerzas federales se derivó de "al menos 50 denuncias contra los administradores de esta casa, principalmente la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por privación ilegal de la libertad".
Indicó que "La Gran Familia" está constituida por un internado que alberga a unas 600 personas, desde recién nacidos hasta personas de más de 40 años de edad.
"Durante la investigación se recabaron declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con La Gran Familia y que refieren diversos abusos físicos y psicológicos de parte de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco y de algunos funcionarios de la casa hogar", indicó.
Entre los abusos que narraron los testigos, abundó, figuran "ser obligados a pedir dinero en casas y las calles, ser alimentados con comidas en mal estado, dormir en el suelo entre plagas, tener abusos sexuales y la prohibición de poder abandonar las instalaciones".
Los bebés que llegaban a nacer dentro de las instalaciones eran registrados como hijos de la fundadora, "sin permitir que los padres pudieran llevar alguna tutela de los menores argumentando que los dejaría ir al cumplir la mayoría de edad".
Zerón indicó que durante la operación realizada este martes fue detenida Verduzco y ocho colaboradores, quienes ya rinden declaración ante el Ministerio Público como sospechosos de maltrato y agresiones sexuales.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, dijo que desde que asumió la titularidad del Ejecutivo estatal a fines de junio se enteró de las denuncias contra el albergue, y de los intentos fallidos de asociaciones civiles y legisladores de visitar las instalaciones.
Expuso que entonces procedió a enterarse "de cómo iba la investigación y solicitar a la Procuraduría que acelerara el proceso, dado que las denuncias se habían presentado hace más de un año".
Una vez hecho el cateo, Jara dijo haber quedado consternado porque "no esperábamos las condiciones que se encontraron".
"Efectivamente, más de 500 niños en muy malas condiciones. Yo le solicité al procurador que continúe con las investigaciones, y el estado por supuesto estará coadyuvando para que esto llegue a buen término. No podemos permitir en ningún lugar, ni en Michoacán ni de la República, que ocurran estas cosas, declaró.
Finalmente, informó que el DIF nacional está apoyando al Gobierno estatal "en lo que podemos resolver cómo podremos trasladar a un lugar digno a estos 500 menores de edad".
EFE
