Entre Murcia y Alicante, en un tramo de autovía que se puede recorrer en solo hora y media, se encuentran cinco de las ciudades españolas que menos renta por persona declaran. Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela, cuatro ciudades alicantinas que suman una población de más de 540.000 personas, y Lorca (Murcia). Este quinteto aparece en el ranking de las diez poblaciones mayores de 50.000 habitantes más pobres del país, según un estudio de Fedea.
El paisaje en estas ciudades dibuja, sin embargo, una realidad que difiere de los datos que cimientan el informe, basados en el 2007. De norte a sur, de Elda a Lorca, las comarcas del río Vinalopó elaboran casi el 70% del calzado español y dan paso a La Vega Baja. En esta comarca el sector de la construcción campó durante años a sus anchas.
“La zona tiene una actividad importante y reúne sectores que tradicionalmente se han manejado en la economía sumergida”, indica José María Mollinedo, del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Estas ciudades rondan los 90.000 habitantes salvo Elche, que entonces tenía 222.000, y Elda, que apenas supera los 55.000. Sus trabajadores declaran una renta entre 5.500 y 8.000 euros menor que la media nacional, que ronda los 22.100 euros. “Por su tamaño, deberían concentrar mejores sueldos y una mayor declaración de los autónomos”, inquiere Mollinedo.
En este eje de ciudades se centra el grueso de las operaciones contra la economía sumergida de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana. El fenómeno es crónico. La tasa alicantina de actividad oculta al fisco apenas varió un punto en la época de bonanza, no bajó del 21%. Hoy es del 27,6% del PIB provincial, tres puntos superior a la media nacional. Lorca no es ajena a esta situación.
“En Elche las fábricas grandes lo tienen todo legal, pero distribuyen el trabajo a talleres menores, clandestinos”, cuenta María, que pide discreción y que desde hace más de tres décadas levanta la persiana de un garaje en un barrio periférico. “Hoy lo más normal es que grupos de amigas alquilen un local y se pongan a sacar faena de las fábricas”, continúa María, “es como una cooperativa, pero en negro”.
Hacia el sur, los talleres en b del calzado dan paso a otros escenarios de la economía en negro: la restauración o los alquileres turísticos ilegales en Torrevieja y Orihuela Costa. También la huerta oriolana, un espejo del campo lorquino. “La zona esconde el modus vivendi de un modelo productivo antisocial que no da más opciones. El que firma en Torrevieja media jornada de camarero hace 12 horas”, sostiene Martín Carpena, secretario general de CC OO en las comarcas alicantinas del Vinalopó y la Vega Baja.
“Falta educación pública, procesos de formación y ver que es posible otro sistema organizativo de las cosas”, opina Josep Antoni Ybarra, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante. Un estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad destaca la correlación entre corrupción y economía sumergida, una ecuación a medida de la Vega Baja. En los último años, Orihuela ha sido el partido judicial valenciano que más causas por corrupción ha registrado y tiene a tres exalcaldes imputados.EL PAIS
