La Contraloría General de la República, mediante Resolución N° 01-00-000245, impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años, al ciudadano Rafael Rangel Vargas, declarado responsable en lo administrativo en su condición de Embajador de Venezuela en la República Dominicana, cargo ejercido en el año 2000.
Una nota de prensa del organismo explica que la decisión se tomó por no haber ejercido en la dependencia que tenía bajo su responsabilidad, la supervisión sobre la recaudación de la renta consular, lo cual se tradujo en daños al patrimonio público, situación prevista como generadora de responsabilidad administrativa, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
De igual forma, mediante la Resolución N° 01-00-000380, el máximo organismo contralor impuso la sanción de suspensión del cargo público sin goce de sueldo, por un período de seis meses, al ciudadano Víctor Sosa Rodríguez, en su condición de Director Administrativo de la Unidad Médico Odontológica adscrita al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme).
Sosa Rodríguez fue declarado responsable en lo administrativo por la Unidad de Auditoría Interna de esa entidad, por haber adquirido compromisos financieros sin disponer de créditos presupuestarios para ello, conducta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Estas decisiones fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.074 Extraordinario, de fecha 18 de abril de 2012, por la Contraloría General de la República, organismo encargado de velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público.
NOTA DE PRENSA
