Los casos de corrupción en Grecia y el monto de los sobornos pagados se redujeron en 2012, quinto año consecutivo de recesión, según un estudio de la compañía demoscópica Public Issue para Transparencia Internacional publicado hoy por la prensa local.
El estudio revela que el 8,6 % de los hogares encuestados reconoce que pagó o se le pidieron sobornos en 2012 para agilizar trámites, frente a un 10,2 % el año anterior y un 13,5 % en 2008.
La cifra se eleva al 10,2 % (2012) y al 13 % (2011) si se considera también como corrupción la no entrega de facturas o recibos por compras.
Actualmente, todos los bares y restaurantes deben colgar un cartel junto a sus cajas en el que, en griego y en inglés, se informa al cliente de que "El consumidor no está obligado a pagar si no se le ha entregado un recibo".
De los encuestados, el 69,4 % de los hogares reconoce haber pagado sobornos en el sector público, el 27,1 % en el sector privado y el restante 3,5 % en ambos.
El llamado "fakelaki" (sobrecito) es un método de soborno tradicional que los griegos utilizan, en ocasiones obligados o en otras por propia voluntad, para agilizar trámites o recibir una mejor atención.
Cerca de la mitad de estos "sobres" fueron entregados en la Sanidad -tanto la pública como la privada-, seguidos a mucha distancia en las inspecciones de Hacienda, en los departamentos municipales de urbanismo, a los abogados, en la inspección de vehículos y en los bancos.
El soborno medio requerido en el sector público se redujo desde los 1.399 euros de 2011 a los 1.228 euros de 2012, mientras que en el sector privado aumentó ligeramente de 1.406 a 1.442 euros, aunque lejos de los 1.671 euros que se pedían de media en 2009.
En total, el estudio concluye que el pasado año se pagaron en Grecia 420 millones de euros en sobornos, en comparación con 554 millones en 2011 y 787 millones en 2009, al inicio de la crisis económica.
Por otro lado, la encuesta recoge que en 2012 también aumentó el número de personas que se negaron a pagar los sobornos requeridos: del 25 al 27 % en el sector público y del 21 al 31 % en el privado.
EFE
