¿Amnistía generosa o con condiciones? Esta es la cuestión que ocupó a la Rada Suprema de Ucrania (Parlamento) ayer. A última hora aprobó la segunda opción: una amnistía que solo se aplicará si los activistas desalojan los edificios oficiales. La ley es fundamental para determinar el futuro de quienes han sido o pueden ser procesados por participar en los disturbios y enfrentamientos que vienen sucediéndose desde hace más de dos meses en el país.
Durante todo el día, con breves interrupciones, los jefes de los grupos parlamentarios estuvieron reunidos en la llamada comisión de conciliación. El resultado fue que los dos proyectos existentes al iniciarse la jornada, a las once de la mañana, se habían transformado en cuatro a las seis de la tarde.
Las autoridades quieren que antes de aplicar la amnistía los activistas del Euromaidán desalojen las dependencias públicas que mantienen ocupadas. Han descartado otra petición, la de que retiraran las barricadas y las tiendas de campaña callejeras.
Los miembros de la oposición exigían la amnistía primero y la retirada y desalojo después, porque creen que la presencia en la calle es la única forma de que el régimen respete sus promesas y compromisos. Su opción no triunfó. La votación se produjo después de la visita de Yanukovich al Parlamento, donde se reunió con diputados de su partidoa los que, según periodistas ucranios, amenazó con disolver el Parlamento si no votaban a favor de la amnistía condicionada. Unos 50 parlamentarios de ese grupo estaban dispuestos a respaldar el proyecto de amnistía sin condiciones de la oposición.
El carácter y condiciones de la amnistía son claves en la nueva fase del conflicto, iniciada el martes con la anulación de las llamadas “leyes dictatoriales”, aprobadas a mano alzada el 16 de enero. La anulación de la polémica legislación y el cese del Gobierno no bastan, sin embargo, para desbloquear la crisis.
El cese del primer ministro Mikola Azárov ha supuesto el cese de todo el Gobierno, que actúa en funciones a la espera de que el presidente proponga un nuevo primer ministro a la Rada. El presidente Yanukóvich tiene un plazo de 60 días para someter a su candidato a primer ministro a la votación del Legislativo. El reparto de puestos en el Gabinete es un tema que se dirime entre el jefe del Estado y el primer ministro.
La dimisión del Gobierno crea una situación nueva tanto para Yanukóvich como para los partidos de oposición. Por una parte, debilita al Gobierno en funciones, al mermar su legitimidad para asumir responsabilidades en decisiones de peso, como por ejemplo un eventual estado de excepción, un escenario que, según los indicios, existe como plan B de las autoridades. La posibilidad de participar en el Gabinete es una tentación que puede dividir los líderes parlamentarios. El presidente pone a prueba la vanidad de la naturaleza humana. A la tentación de asumir mando está siendo especialmente sensible Arseni Yatseniuk, el jefe del grupo parlamentario Patria, de Yulia Timoshenko.
Yanukóvich propuso a Yatseniuk dirigir el Gobierno y a Vitali Klichkó, el ex boxeador jefe del partido UDAR, convertirse en viceprimer ministro responsable de asuntos sociales. Klichkó ha sido tajante al declinar la propuesta, pero Yatseniuk es más escurridizo. La oposición está dispuesta a examinar la posibilidad de trabajar en el Consejo de Ministros de Ucrania si tiene la posibilidad de asumir toda la responsabilidad en el Gobierno, ha dicho.
“El cargo de primer ministro no tiene importancia si la oposición no puede recibir la plena responsabilidad de los asuntos de Ucrania”, dijo Yatseniuk. Según fuentes de UDAR, la prioridad para este grupo es cambiar la Constitución para volver al sistema parlamentario-presidencial, en el cual el Gabinete tiene más independencia del jefe del Estado que en el actual sistema presidencial.
Para saber hacia dónde evolucionará el conflicto es fundamental comprender a favor de quién juega este tiempo en el que la calle ha aceptado una tregua mientras los líderes de la oposición parlamentaria avanzan trabajosamente, punto por punto, en la lista de reivindicaciones. Todavía no han llegado a los “huesos más duros”, como las elecciones anticipadas a la Presidencia.
EL PAIS