Bruselas y el FMI reclaman a España flexibilizar la ley de quiebras
La idea rondaba los áridos informes del FMI desde mediados del año pasado, pero sus dirigentes se resistían a incluirla en sus apariciones públicas. Su estrategia viró la semana pasada. Bajo una pátina de optimismo sobre las perspectivas económicas, el pasado martes Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, sumó a su habitual reclamación de reforma laboral una nueva exigencia: ajustar la legislación para que las empresas europeas se deshagan de la pesada losa de su deuda.
Coincidencia o no, sus acompañantes en el evento eran dos de las personas llamadas a poner en práctica las recomendaciones: Luis de Guindos, ministro de Economía de España —uno de uno de los países con mayor endeudamiento privado— y Wolfgang Schäuble, responsable de Finanzas de Alemania —el Estado acreedor por excelencia—. La exministra francesa no quiso ir más allá y lo dejó en una recomendación genérica para los países del euro, la misma que la Comisión Europea repite —con pies de plomo para no causar problemas en el sector financiero— cada vez que sus técnicos visitan España. Pero hubo más.
Ocurrió el pasado jueves en Bruselas, cuando los cuatro coordinadores del último libro editado por el FMI, Empleos y crecimiento: apoyando la recuperación europea, pusieron el foco en las empresas españolas. "Su deuda es el gran reto para la recuperación económica", aseguraron en el habitual tono conciliador que caracteriza a los miembros del Fondo.
En esta ocasión, "a diferencia de otros episodios históricos [Japón en los ochenta y Suecia en los noventa], el necesario" desendeudamiento español tiene dos hándicaps: una inflación que no levanta cabeza y un débil crecimiento económico que, pese a las grandes palabras, sigue emitiendo señales de anemia crónica. En este punto, los seniors del FMI —en línea con la tesis que los economistas estadounidenses Ken Rogoff y Carmen Reinhart defienden desde hace más de dos años—, no ven una salida del túnel que no pase por quitas generalizadas o, al menos, por introducir mayor flexibilidad en los calendarios de devoluciones. Eso vale sobre todo para la deuda privada. Pero el Fondo tampoco descarta quitas en la deuda pública de algunos países —en especial Grecia— con el mismo objetivo.
Este planteamiento se alinea con la posición del Ejecutivo comunitario, partidario de cambiar la ley concursal con ciertas limitaciones —como cuando advierte de los problemas que podría acarrear a la banca una legislación autonómica antidesahucios—, y juega contra los intereses de los bancos. "Con sus balances ya tocados, cualquier medida que aumentara las quitas dispararía la insolvencia", advierte Rafael Illescas, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III. Fernando Gómez, catedrático de Derecho Civil de la Pompeu Fabra, coincide: "al Estado español le ha costado mucho dinero colocar a los bancos en una situación decente como para volver a ponerlos en riesgo". Pese a ello, ambos abogan por introducir las modificaciones que proponen el FMI y la Comisión "poco a poco". Y apunta Illescas: "Las leyes españolas deberían seguir el ejemplo de las británicas, donde las empresas pueden reestructurar su deuda de manera mucho menos solemne, sin juzgados de por medio". Gómez, por su parte, destaca la "buena disposición" del Gobierno —que en la Ley de Emprendedores flexibilizó algunas reestructuraciones— pero pide más cambios.A diferencia de lo que ocurrió en Madrid durante la presentación del informe, cuando los mismos expertos declinaron hacer una mención específica al caso español, el eje central de la ponencia de Bruselas fue, por momentos, España. Con una deuda privada varios cuerpos por delante de la media europea —pese a la ligera caída de los dos últimos años, aún sigue por encima del 180%—, el Fondo deja entrever la necesidad de que el Gobierno tome medidas para facilitar el aterrizaje gradual. "España debe facilitar una salida limpia, preferiblemente ajena a los tribunales, para sus compañías endeudadas pero viables, y una rápida liquidación de las empresas inviables".
El Fondo no quiere, de momento, ir más allá. "Habrá que esperar hasta el informe de agosto para ver nuevas recomendaciones a España", sostiene Helge Berger, uno los asesores del FMI para Europa y firmante de las últimas recomendaciones. Entonces, el Fondo tendrá que optar entre insistir en un cambio legislativo en España o esperar a que la hoy inexistente inflación y el aún famélico crecimiento arreglen los excesos empresariales de otros tiempos. EL PAIS
