El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado domingo la activación del Plan Nacional de Desarme, que inició su periplo en 2011 con la designación de una Comisión Presidencial por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.
La Comisión convocó a una consulta nacional en la que participaron más de 20 mil personas de todas las regiones del país. Durante este tiempo, expertos asesoraron el Proyecto de Ley que sería llevada a la Asamblea Nacional (AN) para su discusión.
En el 2013 la AN empezó a trabajar en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, incluso llegó a aprobarse en primera discusión, sin embargo fue en junio de ese mismo año que el parlamento sancionó el estatuto de 126 artículos en una sesión ordinaria.
Pocas horas después, el primer mandatario nacional indicó “Vamos a firmarla, para que de una vez entre en vigencia”. El 15 de junio de ese año fue promulgada por el Ejecutivo.
Tras un año y poco meses, el presidente Maduro anunció la activación del Plan Nacional de Desarme para lograr que los índices delictivos y de violencia en Venezuela disminuyan. Con una tasa de 53 homicidios cada 100.000 habitantes, la ONU considera al país como la segunda nación más violenta del mundo después de Honduras (90,4 cada 100.000).
A propósito del inicio del plan, Maduro expresó: “Empezamos una nueva fase en la pacificación social en Venezuela”. De igual forma, firmó un punto de cuenta para el fondo de este proyecto, por 300 millones de bolívares.
Puntos importantes:
· El Presidente anunció la creación de un banco de incentivo para el desarme, a través de empresas públicas y con la colaboración de empresas privadas.
· Se llamó a la conformación de un Fondo Nacional para atender a víctimas por arma de fuego. Este fondo estará basado en un importe de 5% sobre las ganancias netas de empresas que comercializan, importan y producen armas de fuego.
· Inicialmente se desplegarán 60 centros para el desarme nacional y se entregarán incentivos a las personas que entreguen sus armas voluntariamente. Las entregas se harán de forma anónima.
· La Ley, aplicada solo a la población civil, sanciona a las personas que de forma ilícita portan un arma de fuego con una pena de 7 a 20 años de cárcel.
