Representantes estudiantiles de varias universidades nacionales en compañía de una comisión de abogados introdujeron este jueves, ante el Tribunal Supremo de Justicia, una demanda para derogar por “inconstitucionalidad evidente” la resolución 008610, que habla acerca del uso de las armas mortales en manifestaciones civiles.
José Luis Tamayo, abogado y profesor de la UCV, señaló que fue presentado ante el máximo tribunal venezolano un documento donde se suscriben 117 personas que forman parte de gremios, así como instituciones y ONGs, en el que se pide la nulidad de los efectos de esta resolución, hasta saber si la misma es constitucional o no.
De la misma manera, el especialista recalcó que “las Fuerzas Armadas no tienen injerencia en manifestaciones publicas, son los organismos de seguridad ciudadana los único que pueden intervenir en estas manifestaciones, solo cuando son rebasados entra la GNB y eso es previa coordinación de los organismos”.
Por su parte, el presidente de la FCU de la UCV, Hasler Iglesias, rechazó también los hechos ocurridos contra los estudiantes en Mérida y señaló que desde el movimiento estudiantil se exigirá que se derogue tal resolución.
Destacó que se mantendrán las acciones de calle “sorpresas” desarrolladas de manera pacífica, tal como la que se dio el miércoles en la avenida Urdaneta, cuando un grupo de estudiantes se apersonó a las afueras del Ministerio de Interior y Justicia para repudiar el asesinato del adolescente de 14 años, quien falleció en durante una protesta en Táchira.
