Un lunes agitado se vivió en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, después de una semana de manifestaciones diarias en todo el país en contra de dos proyectos legales para subir los impuestos sobre las herencias y la plusvalía inmobiliaria. El presidente, Rafael Correa, se dirigió desde el balcón presidencial a los centenares de simpatizantes convocados por su partido. Les agradeció el apoyo y anunció que mantendría los proyectos: “Toda acumulación de riqueza excesiva es injusta, es inmoral y contra eso estamos luchando. Esta gente y sus corifeos no están defendiendo a los pobres (...) Están defendiendo sus bolsillos”.
Pero a las nueve de la noche, Correa habló nuevamente desde Carondelet, luciendo su banda presidencial, una imagen poco habitual. Y sorpresivamente indicó que retiraría “temporalmente” los proyectos de ley, y usó la visita del Papa el próximo 8 de julio para justificar su decisión. “Para evitar que estos grupos [la oposición] provoquen más violencia, más aún cuando se precisa un ambiente de paz, regocijo y reflexión para la visita del papa Francisco”, dijo.
Correa insistió en que el retiro de los proyectos se extenderá “hasta que se agote el debate” y que “sólo será una espera” para desmontar “las mentiras” que la oposición, según dijo, ha difundido contra las enmiendas. Sin embargo, el anuncio no ha dejado satisfechos a sus rivales políticos, que mantienen las convocatorias para esta semana. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, considera que la decisión es una “compra de tiempo” y “un engaño”. “La convocatoria se mantiene con más fuerza que nunca, no es solo por las dos leyes, es una manifestación de rechazo de los últimos nueve años, por la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo.
Correa y su maquinaria de comunicación insisten en los nuevos tributos. “Si alguien me demuestra que alguna de las leyes afecta a los pobres o a la clase media, archivaré definitivamente los proyectos. Si alguien demuestra que las leyes tenían fines recaudatorios por un supuesto despilfarro de los fondos públicos, también archivaré en forma definitiva los proyectos”, dijo en la cadena nacional.También se mantiene la marcha que organiza el sindicalismo para el jueves. “Nosotros no estamos solo contra los impuestos a las herencias, sino en contra de las enmiendas, las leyes laborales y el alto costo de la vida”, explicaba Mario Morales, de la central Fetralpi.
La Secretaría de Comunicación se ha aplicado a fondo también para demostrar que hay una conspiración y los medios de comunicación privados están ayudando a desestabilizar la democracia y provocar otro intento de golpe de Estado, como ocurrió el 30 de septiembre de 2010. Los canales de televisión Teleamazonas y Ecuavisa han sido acusados por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, de apoyar los intentos golpistas. EL PAIS
