El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), diputado Héctor Navarro (Psuv/ Miranda), informó que el ciclo de consultas públicas discusiones del Reforma de Ley contra la Corrupción, iniciará la próxima semana, con una reunión que sostendrá el equipo parlamentario de la referida instancia legislativa y representantes de los Poderes Públicos, a fin de escuchar los aportes y sugerencias que servirá para la redacción de la referida normativa.
Entrevistado, este lunes, en el programa Asamblea Viva, transmitido por Antv, el parlamentario sostuvo que el presente instrumento jurídico aprobado en primera discusión, por la plenaria de la AN, el pasado martes 17 de mayo, señala de manera taxativa las “acciones penales y civiles derivadas de los delitos contra el patrimonio público tipificado en esta ley no prescriben”.
Navarro, enfatizó que dentro del cronograma de consulta pública programado por al Comisión Permanente de Contraloría, se tiene previsto hasta mediados del mes de julio una consulta pública “abierta” con la participación de los Consejos Comunales y comunidades en general, de manera itinerante en diferentes estados de Venezuela, las cuales permitirá a los ciudadanos formular críticas constructivas a este Proyecto de Ley.
“Todos los artículos definidos que están incorporados en el instrumento jurídico, podrán ser modificados un 100%, dependiendo del resultado de la discusión pública, a través de los aportes y observaciones que el pueblo proponga, para posteriormente, sistematizar esos planteamientos, los cuales serán incorporados para la elaboración del informe para su segunda discusión del Proyecto de Ley”, insistió.
El texto legal incorpora nuevos conceptos sobre probidad administrativa para referirse a la conducta ética que deben llevar los funcionarios públicos, otro aspecto novedoso, es las sanciones penales y civiles contra el patrimonio público derivados en esta Ley.
El artículo 47 del referido proyecto contempla como deberes de la Contraloría Social: exigir a los funcionarios públicos la rendición de cuentas de los recursos transferidos, efectuar la vigilancia, seguimiento y control de las obras, fiscalizar los recursos públicos asignados a los consejos comunales.
Uno de los elementos destacados que tiene esta normativa, es que considera a funcionarios públicos, todas aquellas personas natural y jurídica que administren recursos públicos. Citó como ejemplo que “los subsidios que dan las escuelas privadas, sobre los montos utilizados por esos institutos de educación, tienen que rendir cuentas de los recursos transferidos por el Estado”, sentenció Navarro.
Al ser consultado sobre las atribuciones que le confiere a la Contraloría Social subrayó que “ahora la contraloría social es integrante formalmente del sistema del control fiscal, auditores internos de los organismos, juntos a los auditores de las gobernaciones y alcaldías, tienen una gran responsabilidad en la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos”.
Otra de las novedades es la exigencia a los funcionarios públicos de una declaración jurada de interés en la cual se certifique que no poseen acciones, intereses o vínculos con empresas que negocian con el Estado.
El objetivo es evitar que personas que ocupen cargos públicos utilicen los recursos del Estado para favorecerse, beneficiar a un partido específico o a sectores de su entorno.
A su juicio la “corrupción es una mal de vieja data, que tan pronto, cuando se instala la lógica del capital, la lógica perversa, regulado por el mercantilismo, en el ser humano, distorsiona la conciencia, la ética y la dinámica social de un país”, a su vez, recalcó que “nosotros los socialistas y los bolivarianos, debemos seguir el ejemplo de nuestro Libertador, quien lucha de manera vehemente en contra la corrupción administrativa”.
Vía “AVN”
