Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión un comisario y seis oficiales de la Policía del estado Zulia, tras admitir haber exigido dinero a un comerciante para eliminarle una supuesta solicitud por narcotráfico y secuestro, hecho ocurrido el 01 de junio de 2010, en Maracaibo.
El fiscal 12° de esa jurisdicción, Richard Linares, ratificó la acusación contra el comisario Julio González y los oficiales Jefry Rios, Nerio Añez, Jesús Molero, Erais Colmenares, Franklin Sánchez y Ronald Matheus, por la comisión de los delitos de concusión, violación agravada de domicilio y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, Código Penal y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el MP y los funcionarios admitieran los hechos, el Tribunal 3° de juicio del Zulia dictó la referida condena.
Adicionalmente la instancia jurisdiccional ordenó el pago de una multa por 45 mil bolívares; así como también la inhabilitación de ejercer funciones públicas mientras dure la pena.
El hecho ocurrió el 01 de junio de 2010, cuando un estudiante fue interceptado por un grupo de hombres armados y lo obligaron a dirigirse a su casa en busca de su padre, un comerciante de nacionalidad colombiana.
Una vez que llegaron a la residencia, los hoy condenados informaron al empresario que se encontraba solicitado en Colombia por narcotráfico y secuestro, pero que podían solucionar esa situación si les transfería 300 mil bolívares a una cuenta personal.
Tras realizar el depósito bancario, el estudiante denunció el caso en la policía del estado Zulia por tener sospechas de que se trataba de funcionarios pertenecientes a esa institución, motivo por el que se inició la investigación, incluso se solicitó apoyo del Consulado de Colombia para verificar si realmente el comerciante presentaba alguna solicitud judicial.
Luego de comprobar que no existía tal requerimiento, se investigó y se demostró que los funcionarios pertenecían a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia.
El 13 de diciembre de 2010 se emitieron las órdenes de aprehensión; el 15 se dictó la privativa de libertad, la cual cumplieron en la sede de su comando, hasta la realización de la referida audiencia en la que se dictó la condena.
