(Madrid, 11 de diciembre. Reuters).- El Congreso de España aprobó jueves con el respaldo del partido conservador en el poder una polémica ley que restringe las manifestaciones, en medio de una fuerte oposición de políticos y grupos de activistas que sostienen que la medida viola su derecho a protestar y limita su libertad de expresión.
La iniciativa conocida como “ley mordaza” por sus detractores esencialmente restringe las manifestaciones a marchas autorizadas e impone severas multas a las protestas descritas como ilícitas.
Aunque el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana fue matizado respecto del borrador presentado el año pasado, sus detractores dicen que de todas formas está lejos de ser democrático, en un país que recién emergió de una dictadura de derecha a fines de la década de 1970.
“Esta ley otorga más poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad (…) y ofrece a los ciudadanos menos garantías contra la administración”, dijo a Reuters María Serrano, portavoz en la sección española de Amnistía Internacional.
“Nos preocupa que esta ley no proteja el derecho a la protesta en un contexto en el que hay muchas personas que se han visto afectadas por medidas de austeridadque ha adoptado el Gobierno y que han afectado a sus derechos humanos”, añadió.
España ha sido escenario de una creciente ola de manifestaciones y huelgas contra el impopular programa de austeridad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aplicó medidas como recortes a los fondos de salud y educación públicos, aunque las recientes protestas han sido pacíficas en su mayoría.
Normativas de inmigración más estrictas
La nueva ley también incluye normativas de inmigración más estrictas que permitirán a la policía de las fronteras negar el ingreso a España de ciudadanos de África que crucen los límites desde los enclaves de Ceuta y Melilla.
El Gobierno del Partido Popular justificó la necesidad de esta regulación por la presión migratoria en las dos ciudades autónomas, la única entrada a Europa en suelo africano, donde frecuentemente grupos de subsaharianos tratan de saltar la valla que separa España de Marruecos.
“El Gobierno puede denominarlo como quiera, pero en el marco del derecho internacional son expulsiones sumarias y colectivas”, añadió Serrano de Amnistía Internacional.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muinieks, advirtió a España que la legalización de las devoluciones de inmigrantes va contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados también solicitó al Gobierno español que garantice que cualquier iniciativa legal cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. (Reporte de Raquel Castillo; Reportes adicionales de Inmaculada Sanz y Edgar Aribau. Escrito por Tracy Rucinski. Editado por Marion Giraldo)
