( Nota de prensa).- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Deyanira Nieves, y miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad, a fin de articular el trabajo entre dicha instancia y el Poder Judicial.
A su salida del encuentro, Ortega Díaz informó que entre las propuestas planteadas a las magistradas del TSJ está la necesidad de obtener pronta respuesta de algunos recursos de revisión que han sido solicitados para la reapertura de algunas investigaciones que, durante la denominada IV República, fueron declaradas como sobreseídas, a pesar de que constituían violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, se solicitó la posibilidad de tener acceso a los archivos de la extinta Corte Suprema de Justicia, así como a los del Poder Judicial en general, donde reposan documentos que pueden ser importantes para la investigación penal y que, además, contribuirán al rescate de la memoria histórica de hechos importantes que han sido invisibilizados durante muchos años en el país.
Adicionalmente, la Fiscal General en calidad de presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, expresó el anhelo que tienen las víctimas directas e indirectas de lograr la sanción de aquellos responsables de tan abominables hechos.
A juicio de Ortega Díaz las sentencias condenatorias que se obtengan por violaciones de derechos humanos durante aquella época no sean solo para lograr la justicia, sino también paraalcanzar la reivindicación de personas que fueron agraviadas y desprestigiadas por el sistema imperante en ese momento.
Por ello, hizo referencia al caso del dirigente campesino Santos Martiarena, cuyos restos fueron identificados y entregados a sus familiares.
En vista de ello, se solicitó la reapertura del expediente debido a que la experticia practicada por Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Humanos, determinó que fue una ejecución por la espalda hecha con disparos con fusiles, y, sin embargo, para el momento no hubo voluntad jurídica en querer investigar estos hechos.
Precisó que inicialmente la Comisión por la Justicia y la Verdad que preside tenía una data de 1.600 víctimas aproximadamente, pero que con las investigaciones y la recolección de la información con los familiares, el número asciende a más de 6.000 personas agraviadas entre 1958 y 1998.
La Fiscal General recordó que por estos hechos existen órdenes de captura incorporadas al código rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra exfuncionarios policiales (entre ellos Henry López Sisco y Luis Posada Carriles) que se encuentran fuera del país.
Finalmente, expresó que la comisión que preside continuará trabajando para dar importantes resultados que sirvan para la historia del país y así lograr las sanciones para los responsables y la reivindicación de las víctimas
