El Congreso chileno aprobó este martes una reparación de carácter económico para las miles de víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La iniciativa obliga al Estado chileno a procurar una indemnización a quienes sufrieron en carne propia las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuyos efectos se mantienen hasta hoy.
El desagravio consiste en 1.000.000 de pesos (1.460 dólares) para todas las personas calificadas en las listas que surgieron del trabajo de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido extitular de la Vicaría de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech.
El monto señalado será pagado por única vez al mes subsiguiente de la publicación en la gaceta oficial de la normativa.
Adicionalmente, el proyecto dispone de un bono reparatorio a todos los cónyuges sobrevivientes de quienes hubiesen estado incluidos en los listados, el que ascenderá al 60 % del monto señalado para el titular.
La Comisión Valech fue creada el 23 de septiembre de 2003 por el gobierno de Ricardo Lagos para efectuar un catastro de las personas que sufrieron privación de libertad y apremios ilegítimos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tiempo que duró la dictadura.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2010, la presidenta Michelle Bachelet creó la segunda instancia con el mismo objetivo, listados que fueron entregados el 2011 al mandatario Sebastián Piñera.
Los datos fueron aportados por las víctimas de la dictadura que en la primera comisión no concurrieron a atestiguar o no se enteró de ello.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 continúan como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
EFE