El 11 de diciembre del año pasado, en un aeródromo de París adaptado para recibir a 50.000 visitantes de todo el planeta, 25.000 delegados de más de 190 países celebraban un acuerdo que, aunque lejos de las ambiciones de muchos de los participantes, comprometía a la Humanidad a limitar el crecimiento de las temperaturas a entre 1,5 y dos grados centígrados antes de final de siglo, y prometía movilizar 100.000 millones de dólares al año hasta 2025 para tal fin. El acuerdo salido de la Cumbre de París (COP21) refuerza la urgencia con la que todos los países, entre ellos España, deben acelerar el proceso por el que se está incrementando el uso de las fuentes renovables para cubrir todas las necesidades energéticas. Para discutir el avance de ese proceso y analizar las perspectivas de futuro, EL PAÍS ha reunido, con el respaldo de la Fundación Renovables, a representantes de los cuatro principales partidos parlamentarios en su redacción en Madrid para un desayuno debate.
Y la primera conclusión es que el confuso progreso del sistema eléctrico español y de su regulación ha generado unas características peculiares y a una serie de errores (reconocidos o no) de las sucesivas Administraciones, que a su vez ha llevado a acrimoniosas disputas entre Gobiernos, partidos políticos, organizaciones y la opinión pública. Eso ha llevado a que el debate sobre el futuro de la energía en España esté tan políticamente cargado que da la impresión que el único consenso es que es necesario un consenso.
Mientras, la casa sin barrer. 2015 fue el primer año en el que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron a la vez que crecía la economía global. Pero el año pasado España lanzó a la atmósfera un 4% más de dióxido de carbono, catapultado por un incremento del 23% en el consumo de carbón para producir electricidad.
Estancamiento
Al mismo tiempo, la instalación de renovables se ha estancado. "En 2015 se instalaron 63.000 megavatios de potencia eólica en todo el mundo. En España, ninguno", comenta Sergio de Otto, patrono de la Fundación Renovables. "De los 51.000 megavatios de energía fotovoltaica que se pusieron en marcha el año pasado, en España, el país del sol, se instalaron 49, mientras que en Reino Unido, el país de la niebla, fueron 4.000".
España no siempre ha ido tan a la cola, recuerda Juantxo López de Uralde, coportavoz del partido ecologista Equo y diputado por Álava en las listas de Podemos (de cuyo grupo parlamentario forma parte). "El sector de las renovables llegó a ser una de las joyas de la corona en España", apunta. "Era un orgullo, una de las pocas cosas que hacíamos mejor que nuestros vecinos. Iban ingenieros españoles a Estados Unidos a explicarles cómo se instala una planta eólica. ¿Cuántos sectores pueden decir lo mismo?".
A España le pesa lo que para otros países sería una bendición: puede producir mucha más electricidad de la que necesita. Así que cualquier expansión de las renovables implica dejar de producir cualquier otra cosa; una decisión políticamente sensible. Además, las renovables no son solo para los enchufes. El 39,4% del uso de energía final en España va destinado al transporte. Y la electrificación de la movilidad tiene aún mucho camino por recorrer.
La que ha sido la oposición durante los últimos cuatro años acusa al Gobierno del Partido Popular —y, en particular, al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria— de haberse ensañado con las renovables, una industria en la vanguardia tecnológica mundial. "El PP se puso como objetivo acabar con el déficit de tarifa", indica María Pilar Lucio Carrasco, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE. "Y lo hizo cargando, sobre todo, sobre las renovables. El objetivo de que el 20% del total del consumo energético en España sea de energías renovables en 2020 va a ser muy difícil de cumplir. Todos los partidos que no somos el PP coincidimos en un 95% en nuestro programa".
La respuesta del Partido Popular se sostiene en dos pilares: primero, que la política energética del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) —incluida la acelerada expansión de las energías renovables antes de la crisis— se llevó a cabo de una forma insostenible económicamente que, a la larga, supuso un perjuicio para empresas y consumidores que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que resolver; y segundo, que todo proceso de incorporación de las energías renovables ha de hacerse "conforme vayan madurando las tecnologías y la sociedad esté dispuesta a ello, teniendo en cuenta nuestra posición geoestratégica", en palabras de su portavoz de Energía, Guillermo Mariscal.
"La actual situación es la suma de varias políticas energéticas de distintos colores", considera Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos y experta en renovables. "Si vamos a estar todo el tiempo discutiendo sobre las responsabilidades difícilmente vamos a ir adelante. Llámenme ilusa, pero creo que es posible un compromiso".
De Otto señala a Alemania como uno de los ejemplos de que el impulso a las renovables no está ligado a la ideología. "Angela Merkel no es precisamente una roja peligrosa y está fomentando las renovables", comenta. "David Cameron, tampoco, y está haciendo lo mismo". Entre los motivos más atractivos está la posibilidad de crear puestos de trabajo de alta tecnología. "Las energías renovables son empleo de calidad que no se puede deslocalizar", sostiene Lucio.
"Hoy en el mundo hay 7,7 millones de personas trabajando en el sector", apunta De Otto. "En España, se han perdido 64.000 puestos de trabajo en renovables desde 2008. Son 14 veces más los que trabajan hoy en la minería del carbón, pero, claro, no tienen los mismos sindicatos". "Seguimos siendo líderes en patentes de renovables", añade Rodríguez. "Pero no hay incentivos para desarrollar esa tecnología aquí y crear empleos especializados".
Puntos de tensión
El primer punto de contención es el calendario de sustitución de tecnologías. Mariscal defiende la prudencia. "En el déficit de tarifa España ha pagado el coste de instalar una tecnología que no estaba madura", considera. "Ahora que ya hemos logrado que no sea un problema tan grave, en los próximos cuatro años vamos a poder ser más creativos y tener una política más climática". "El objetivo es una transición energética sin hacer locuras", apunta Rodríguez. "Reunámonos todas las veces que haga falta y lleguemos a un consenso".
Otros exigen más valor. "Hacen falta medidas inmediatas que den una señal", solicita Pilar Lucio. "[La central nuclear de] Garoña está ya cerrada y la vida continúa. El cierre progresivo de las centrales puede ser parte de ese gran marco". "Lo fundamental es plantearse objetivos ambiciosos", indica López de Uralde. "Es lo que ha hecho Alemania: cerrar las nucleares y apostar por las renovables para reducir sus emisiones a niveles de 1990".
El PP replica que el apagón nuclear implicaría un alza generalizada del precio de la energía, una cifra rechazada por los partidarios de las renovables. "Las centrales nucleares generan un 8% de la potencia instalada", replica Mariscal. "Pagamos más por las centrales de gas de ciclo combinado que han construido las grandes eléctricas", apunta López de Uralde. "Las nucleares son baratas porque las centrales ya están amortizadas", señala Rodríguez. "Si tuvieramos que renovarlas o reconstruirlas hablaríamos de otra cosa".
Casi tan importante como la generación de energía es mejorar la eficiencia en su consumo. "El ahorro es el principal yacimiento energético que tiene España", defiende De Otto. "Creemos que las ciudades, donde se consume la mayor parte de la energía, son la clave. Pero también hace falta cambiar la fiscalidad, no para recaudar más, sino para cambiar hábitos y usos". "La educación es fundamental", señala Rodríguez.En todo caso, en lo que todos coinciden es en que la expansión de las instalaciones, así como el progreso tecnológico, ha abaratado el precio de la electricidad elaborada por renovables. "Gracias a ellas tenemos una energía más barata que en el resto de Europa", apunta De Otto. "Si las renovables sirven para abaratar las tarifas es gracias a nosotros", replica Mariscal. "Si no hubiéramos cambiado la forma de pago seguiríamos pagando por las primas".
Pero quizás más aún que la elección de modo energético, lo que más polémica ha causado son los peajes de respaldo, los pagos que las empresas y particulares han de hacer por el uso de instalaciones de autoconsumo. Dado que, en España, la mayor parte de estas instalaciones son de energía solar fotovoltaica, ha ganado cuerpo entre la opinión pública la expresión "impuesto al sol", una definición que el PP rechaza. "El autoconsumo tiene que tener un crecimiento soportable", considera Mariscal. "Hay que pagar por el sistema eléctrico que tenemos. Sin esta medida estaríamos transfiriendo los costes del sistema a quien no puede pagarse el autoconsumo, es decir, a los más desfavorecidos".
"Los usuarios deben fomentar el sector renovable: ojo, los usuarios, no los consumidores", apunta De Otto. "Hay que recuperar la seguridad jurídica: sin ella, no volverá a haber inversión".EP
