La Contraloría General de la República calificó de "insólita, injusta e ilegal" la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de solicitarle al Estado venezolano que le permita a Leopoldo López, optar a cargos públicos.A través de un comunicado, el organismo manifestó que el fallo en su opinión no sólo es "contrario a los derechos humanos de todos los venezolanos, sino que lo es también del ordenamiento jurídico de nuestra República y del derecho público internacional, porque vulnera la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos del derecho internacional que nuestro país ha cumplido con demostrado celo y eficacia".
Para la Contraloría, la decisión del organismo internacional incentiva la incursión en hechos irregulares y el mal manejo de los recursos públicos, "erosionando de paso la defensa y garantía de los derechos humanos, que son la verdadera víctima de la corrupción y de las acciones conscientes o inconscientes que estimulan su impunidad".
Según el organismo la inhabilitación impuesta a Leopoldo López no quebrantó sus derechos políticos, debido a que ha creado partidos políticos, ha hecho campañas políticas; y no ha dejado de ser un ciudadano libre.
Reza el comunicado de prensa, que la exigencia de la Corte de
modificar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal "es contraria al derecho de las naciones a darse sus leyes, sin intervenciones externas que debiliten su independencia y soberanía". También indicaron que según el artículo 187 de la Constitución la Asamblea Nacional es la única autoridad facultada para “legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.
