República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
COMUNICADO
El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer, a través de medios de comunicación, un pronunciamiento que había sido anunciado durante meses por voceros de la oposición política venezolana, y que recoge un conjunto de decisiones que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no duda en calificar de políticamente parcializado.
Este pronunciamiento, que presume la existencia de una jurisdicción extraterritorial al pretender imponerle a Venezuela decisiones que son de estricto orden interno, constitucional y legal, y solo dependen de los órganos del poder público nacional, será referida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los órganos del poder judicial, para que analicen su pertinencia constitucional, una vez que sea notificado oficialmente.
Como es sabido, la Contraloría General de la República, en aplicación de las leyes venezolanas en la lucha contra la corrupción, ha procedido durante varios años a aplicar sanciones de carácter administrativo a centenares de funcionarios públicos, por lo cual el Gobierno Bolivariano rechaza las pretensiones de quienes en Venezuela aspiran a tener una licencia abierta para violar las leyes, cometer delitos y ser protegidos o perdonados por el solo hecho de pertenecer a la oposición contrarevolucionaria.
Es por esto que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, frente a esta posición política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exhorta a todas las instituciones venezolanas a ratificar el compromiso previsto en la ley para castigar la corrupción y actividades relacionadas con este delito, y rechazar las maniobras nacionales e internacionales que pretenden victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la administración pública, con el propósito de presentarlos como perseguidos políticos.
Con este tipo de decisiones, como la adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se da un claro estímulo a los actos de corrupción, no sólo en Venezuela sino en cualquier país del mundo.
Igualmente, el gobierno venezolano procederá a seguir denunciando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo que recurrentemente se extralimita en sus funciones y que, de manera regular ha tomado posiciones de parcialización política en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, el Gobierno Bolivariano quedará a la espera de las decisiones que de manera autónoma tenga a bien tomar el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema, en estricto cumplimiento de la constitución y las leyes de la República.
Caracas, 16 de septiembre de 2011
Con información de EFE
