Venezuela debería adoptar medidas para asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial dos casos de robo en las oficinas de la organización no gubernamental de derechos humanos Espacio Público, señaló este lunes Human Rights Watch.En las noches del 16 y 26 de noviembre de 2011, un grupo de individuos que no han sido identificados ingresaron por la fuerza en las oficinas de Espacio Público y robaron más de 10 computadoras y otros equipos de oficina valiosos.
Si bien la organización presentó denuncias formales y ofreció entregar grabaciones de video tomadas por las cámaras de seguridad, donde aparentemente puede verse el rostro de los responsables, la policía aún no ha informado al director de Espacio Público sobre el estado de las investigaciones.
“Las autoridades deberían llevar a cabo investigaciones rigurosas para determinar quiénes son los responsables de estos robos y cuál ha sido el fin de los mismos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De lo contrario, se enviaría el peligroso mensaje que el gobierno no condena las agresiones contra organizaciones de derechos humanos”.
Luego de cada uno de los incidentes, representantes de Espacio Público presentaron una denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
El 17 de noviembre, dos representantes del CICPC se acercaron a las oficinas de Espacio Público para recibir el testimonio del personal de la organización y tomar fotografías. No obstante, los investigadores no pidieron copias de la grabación de la cámara de seguridad ofrecidas por personal de Espacio Público, donde aparentemente se habrían captado los rostros de los responsables. Las autoridades no han ido a Espacio Público para investigar el segundo incidente.
En un informe sobre defensores de derechos humanos en la región de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “el medio más eficaz para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos en el Hemisferio es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables”.
La Comisión expresó que “[la impunidad] contribuye al aumento del número de ataques y amenazas y demás violaciones contra las defensoras y defensores de derechos humanos... [y] fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo”.
NOTA DE PRENSA
