El Grupo de Estudio del SIDA (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha advertido de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles tendrá efectos «muy indeseables» sobre el control del VIH en nuestro país.
A su entender, la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Sanidad, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, restringe «significativamente» el derecho a la asistencia sanitaria de este colectivo y han asegurado que, a partir del 31 de agosto, los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, dado que en ese momento dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente.
Y es que, se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en España, de los quevarios miles estarían infectados por el VIH, de ellos entre el 65 por ciento y el 70 por ciento conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral -entre 2.700 y 4.600 personas-.
Asimismo, los expertos del GESIDA han avisado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del «ingente perjuicio sanitario y económico» que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH. «Se producirá un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios, de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general, así como una mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria».
Sin diagnosticar
La Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) ya había denunciada que si se recortaba en el acceso a los servicios de salud a las personas sin tarjeta sanitaria se podría correr este riesgo. SEISIDA señaló que a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde que en 1981 se creara el Plan Nacional del Sida, todavía hoy se estima que cada año se infectan más de 3.000 personas, y casi un 50% de éstos es diagnosticado cuando su sistema inmunológico estaba en mal estado, menos de 350 linfocitos CD4, lo que complica su tratamiento. «Este número, dijeron, podría duplicarse e incluso triplicarse en una situación como la actual. Y no hay que olvidar que los costes médicos directos de los pacientes diagnosticados de forma tardía son casi el doble que los de los pacientes diagnosticados en las fases iniciales de la infección», añadía en un comunicado.
Estudios
Estas afirmaciones han sido corroboradas por un estudio realizado por el médico del Hospital Ramón y Cajal José A. Pérez-Molina, y el doctor del Hospital 12 de Octubre, Federico Pulido, y que será publicado próximamente en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
En concreto, en el primer capítulo, el de la calidad de las prestaciones sanitarias, el estudio muestra que habrá un incremento del número de personas infectadas por VIH. Un aumento que, sólo en el primer año, puede ser de casi «una quinta parte» de la actual población inmigrante irregular afectada y en tratamiento.
«Vamos a tener por tanto más infectados pero, además y como consecuencia inevitable de esadesatención, un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, un incremento de aparición de enfermedades oportunistas, un crecimiento de los ingresos hospitalarios, más posibilidades de infecciones, y mayor probabilidad de transmisión materno-fetal, entre otras consecuencias sanitarias», han recalcado los expertos.
Por otra parte, la investigación demuestra que a medio y largo plazo se incrementarán los costes de atención y que, ni siquiera a corto plazo, el ahorro se va a parecer «en nada» al que ha estimado el Gobierno. «Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento», han señalado los autores del estudio.
Más infección
Dicho esto, han subrayado que a esos costes hay que sumar los que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes.Por todo ello, los expertos de GESIDA han recomendado al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria, y ha denunciado que se pretenda derivar a estos pacientes a las ONG debido a que «el complicado manejo de esta enfermedad» exige la asistencia por especialistas cualificados.
No obstante, han zanjado lamentado que la «inexistencia» de la especialidad de enfermedades infecciosas en España supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, «tanto en número como en cualificación», han zanjado.
ABC
