Durante la última dictadura argentina (1976/83) fueron secuestrados 130 empresarios, de los cuales la mayoría fueron torturados y once continúan desaparecidos, según un informe preliminar presentado este lunes por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El estudio fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, una oficina creada por la entidad a raíz de los numerosos pedidos de la justicia sobre la actuación de un grupo de sus funcionarios durante el régimen militar.
La investigación reveló que dichos funcionarios "presionaron a empresarios para apoderarse de sus firmas y colaboraron con los torturadores para sacar activos financieros y apoderarse de las empresas", dijo Alejandro Valoni, presidente de la CNV en la presentación.
El informe cifra en 130 los empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados por los mismos grupos encargados de capturar opositores y llevarlos a centros clandestinos de detención.
"En algunos casos existió el secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento de bienes", sostiene el trabajo, que se presentará completo el 15 de abril.
El análisis de más de medio millar de actas del directorio de la Comisión permitió establecer, por ejemplo, que el entonces titular de la entidad, Juan Alfredo Etchebarne, participaba de los interrogatorios en el centro clandestino del Ejército de Campo de Mayo (periferia norte de Buenos Aires), según el trabajo.
La CNV es una entidad autárquica creada en 1968 para "velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios".
Uno de los objetivos de la llamada "represión económica" lanzada por el régimen de facto fue buscar el dinero de organizaciones consideradas "guerrilleras o subversivas", indica.
El gobierno y los organismos humanitarios reclaman llevar a la justicia a los cómplices civiles de la dictadura, cuyo ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, falleció la semana pasada mientras cumplía arresto domiciliario desde mayo de 2010 por el secuestro extorsivo de dos empresarios en 1976.
Además del secuestro de los dos empresarios, el exministro estaba imputado en otras dos causas judiciales en las que se investigaba su complicidad con los crímenes de la dictadura.
El régimen militar impuso una política económica liberal de desregulación de los mercados, apertura económica y devaluaciones sistemáticas del peso, plan que derivó en un aumento explosivo de la deuda externa.
Durante la dictadura desaparecieron 30.000 personas, según organismos humanitarios.
AFP
