El abogado penalista Juan Garantón, aseguró que introdujo un recurso judicial para garantizar los derechos de los ciudadanos al libre tránsito, el aseo y la seguridad de los vecinos en los municipios Baruta y El Hatillo.
“La violencia genera más violencia”, señaló Garantón este jueves haciendo alusión a que no tomó la justicia por sus manos para hacer que se cumpliera el artículo 178 de la Constitución Nacional que establece las competencias de los mandatarios locales.
Explicó que en el artículo 357 de la carta magna establece que no está permitido la obstrucción de vías durante una manifestación: “Tendría que reformarse el código penal para despenalizar esa conducta”, puntualizó.
“Quitar alcantarillas, colocar guayas, son delitos que se cometen flagrantemente”, sostuvo.
“Así como era un hecho público y notorio que la situación era un caos. Ahora en los municipios El Hatillo y Baruta, se puede transitar libremente“, afirmó sobre el retorno a la normalidad tras haber sido dictado el amparo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Considero que los alcaldes han cumplido con su función”, afirmó a la vez que dijo que han duplicado la recolección de basura y existen barricadas de la policía municipal, así como también aseveró haber visto que los funcionarios median con los protestantes para que no obstruyan las vías.
Garantón, fue quien introdujo el pasado 5 de marzo una demanda ante el TSJ contra los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo por “incumplir con sus funciones y colaborar contra la tranca de las calles”.
Desestimó que tenga motivaciones políticas que impulsen sus acciones legales y mencionó otras medidas que ha tomado frente al poder judicial, como lo hizo contra el establecimiento de la política del “pico y placa”, así como contra la venta de cabello natural, cuando se generó el supuesto corte de las cabelleras de las féminas por las llamadas pirañas.
Instó a leer la interpretación hecha por la Sala Constitucional en el 2003 sobre las manifestaciones pacíficas que sostienen que de no cumplir con estos preceptos, se incurre en delito. En otro orden de ideas, Garantón manifestó como necesario la reforma de la Ley Desarme para que sea más contundente.
Caso Scarano
Para el abogado el Alcalde del municipio carabobeño de San Diego, Vicencio “Enzo” Scarano, pudo haber sido investigado en libertad, sin la condena que se le impuso de 10 meses y 15 días.
Aclaró que no ha leído la sentencia, sin embargo estima que el debido proceso es que “el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha debido oficiar al Ministerio Público y este seguir el proceso penal en una fase de investigación y preliminar y un juicio”, señaló.
Igualmente señaló que la instancia que dicto la sentencia es de mayor peso. En ese sentido, recordó que en el caso del mandatario de San Diego, quienes interpusieron la medida, fueron los transportistas de la región.
