Hubo un tiempo en que la mención de la palabra Google despertaba admiración, complicidad, simpatía. Pero esos días han pasado. La empresa que sedujo al mundo con su aire innovador y sus letras de colores está generando un heterogéneo bloque de detractores. Tras haber salido indemne de un proceso que iniciaron las autoridades de competencia estadounidenses, y que cerraron en 2012, Google afronta una creciente presión para rendir cuentas en Europa. El reconocimiento que ha hecho la justicia comunitaria del llamado derecho al olvido, el acecho de los gobernantes para que pague impuestos por su lucrativa actividad y, principalmente, el procedimiento formal con que amaga la Comisión Europea por abuso de posición dominante están agrietando su imagen.
Google tiene a la mayor autoridad de competencia del mundo pisándole los talones. La Comisión Europea investiga desde 2010 si su indiscutible dominio en el mundo de Internet se ha labrado a costa de poner piedras en el camino a sus rivales. Así lo creen hasta 20 entidades que figuran como denunciantes en el proceso que supervisa el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
El caso acaba de dar un giro que amenaza con poner en aprietos a la firma californiana. Hasta este verano, el propio comisario consideraba el acuerdo amistoso con la compañía como la opción más probable. Con el envío de su tercera propuesta para ajustarse a las reglas europeas, la empresa parecía tener una salida fácil. Pero esa vía se truncó hace solo unos días, cuando Competencia comunicó a Google que sus propuestas no eran satisfactorias.
La decisión se produjo tras varios meses de fuerte presión pública —comisarios europeos, dirigentes políticos en Francia y Alemania y gigantes de la edición— para rechazar los compromisos de la empresa. Almunia niega tajantemente la influencia de esas presiones. “Mi decisión obedece a que los denunciantes han aportado nuevos elementos sólidos sobre el posible abuso de posición dominante de Google. No son argumentos que haya leído en la prensa o que haya visto en debates parlamentarios, sino datos empíricos”, argumenta en conversación con este diario.
La empresa tecnológica simpática ahora es un gigante con un poder inmenso que negocia con la Unión Europea de tú a tú. Esa pequeña sociedad fundada por dos intrépidos ingenieros informáticos, Larry Page y Sergey Brin, en California, hace 16 años, con un cheque de 80.000 euros está ahora valorada en unos 315.000 millones de euros. Y controla el 90% de las búsquedas de Internet en Europa, según StatCounter. En Estados Unidos, su omnipresencia es menor: domina en torno al 76% del mercado.La Comisión reprocha al gigante tecnológico cuatro prácticas que cree contrarias a la libre concurrencia. La principal consiste en el modo de presentar servicios especializados, como hoteles o restaurantes, cuando el usuario hace una búsqueda. El motor de Google favorece la presencia de sus propios servicios, lo que limita la visibilidad de los competidores. La indignación de quienes se sienten perjudicados por esas prácticas ha acabado por acorralar a Google. “Es universalmente conocido que los remedios que propusieron eran ineficaces”, critica David Wood, abogado de Iniciative for a Competitive Online Marketplace, asociación que representa a varios demandantes del caso, entre ellos a un rival de Google: Microsoft. “Almunia creyó que era mejor llegar a un acuerdo, pero Google no jugó su papel. No negociaron de buena fe”, dice Wood.
“Es la empresa más poderosa del mundo porque es la que más información tiene y la información es poder”, asegura sin ambages Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, autor del libro Desnudando a Google, editado por Deusto en 2012: “Parece que es un buscador, pero en realidad es la agencia de publicidad más grande del planeta y la mayor base de datos privados, con la que comercia”, añade. “Dentro de poco te dirá que es el cumple de tu mujer, que aún no se ha comprado una tableta, y que hay una de oferta en una tienda cercana a la que te puedes acercar”. El activista francés Jérémie Zimmermann, entusiasta defensor de las libertas digitales y cabeza visible de la organización La Quadrature du Net, ahonda en este misma dirección. “Son capaces de ver lo que pensamos con un simple tecleo en nuestro teclado”. Enrique Dans, bloguero y profesor de Innovación en IE Business School, rebaja estas descripciones del poder del gigante tecnológico: “En el caso de Google, la gente tiende a ver una amenaza mayor de la que hay: vende el acceso de las personas a la publicidad, pero creo que su comportamiento en la administración de nuestros datos es bastante intachable”.
Hasta ahora, Google ha recibido 150.000 solicitudes para el borrado de datos, según la organización European Digital Rights. El modo de aplicarla genera recelos entre los consumidores. “Ellos valoran cada petición en función de sus propios criterios. Al final es una restricción a la libertad de comunicación”, afirma Joe McNamee, director de esta entidad que defiende los derechos en la red.El inmenso poder que atesora la empresa con la montaña de datos que gestiona le ha valido a Google este año una sentencia rompedora: la que reconoce a un ciudadano español, Mario Costeja, el llamado derecho al olvido, que permite a cualquier ciudadano solicitar al buscador que elimine una determinada información de las búsquedas si se siente perjudicado por ese contenido. Ese nuevo derecho, reconocido por el Tribunal Europeo de Justicia en mayo, supone que la firma pasa a desempeñar el papel que antes tenían jueces y autoridades de protección de datos: decidir si se retira o no una información cuando un ciudadano así lo reclama. “Se está dando a Google un poder omnímodo para decidir qué contenido es accesible o no”, sostiene Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
A pesar de los problemas que atraviesa en Europa, el gigante ubicado en Mountain View mantiene, eso sí, un notable músculo innovador. Quiere seguir cambiándonos la vida. Con su proyecto biotecnológico Calico aborda los desafíos de salud del nuevo siglo alentando la investigación para detener el envejecimiento. Con la plataforma del coche autónomo promete revolucionar al mundo del transporte. Y sigue adelante con las Google Glass, las gafas con pantalla incorporada. Julián Beltrán, emprendedor tecnológico y uno de los tres desarrolladores de la plataforma Google Glass, destaca que la empresa siempre ha mantenido una dimensión filantrópica que sigue viva con iniciativas como el Project Loon, con la que pretende llevar la conexión a Internet a lugares remotos y poco desarrollados mediante el uso de globos aerostáticos.
“Esta no es la única investigación que habrá sobre Google. Habrá más porque hay muchos problemas relacionados con el modo cómo opera la compañía”, aventura Joaquín Almunia. Los problemas que acumula la empresa pueden convertir este dossier en el mayor al que se han enfrentado nunca las autoridades europeas de competencia.Bruselas es consciente de que los tentáculos de Google van mucho más allá del modo sesgado en el que presenta los resultados de sus búsquedas, pero prefiere ir paso a paso. Competencia tiene ya muy avanzada una investigación preliminar sobre Android, el sistema de operativo de la firma estadounidense para teléfonos inteligentes. Y también evalúa las quejas que suscita el desvío de tráfico que hace la compañía de Larry Page hacia servicios propios como Youtube.
Google mantiene además un enconado pulso con los editores europeos, y, sobre todo, con los españoles, que esperan que la llamada Tasa Google, en trámite en el Senado, salga adelante, de modo que agregadores de noticias como Google News paguen por usar los contenidos de los medios. “Google se dedica a la publicidad y al lobby, negocia directamente con los gobiernos”, dice José Gabriel González Arias, director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), “y cada vez está encontrando vez una mayor resistencia”.
Tanto el sector como otras fuentes comunitarias consideran que la única salida posible ahora es comenzar la ofensiva contra la compañía: abandonar la hipótesis de un acuerdo y lanzar un pliego de cargos que amedrente a la firma y la obligue a ofrecer soluciones que eliminen su abuso de poder. Ese proceso puede concluir con una prohibición de comunitaria de mantener sus prácticas y, eventualmente, con una multa que alcance hasta el 10% de su facturación. Nunca una sanción por abuso de dominio ha alcanzado ese techo. EL PAIS
