Daniela Mora, la niña de once años secuestrada el pasado jueves en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander (noreste), fue liberada durante el fin de semana por sus captoresen una carretera de esa región, informó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
"Celebramos que Daniela Mora ya esté libre y con sus padres. Felicitaciones a la Policía, ahora vamos tras sus captores", escribió Santos en su cuenta de Twitter.
La menor, hija de un alto funcionario del Gobierno, fue trasladada en helicóptero a Cúcuta, donde pasó una primera evaluación médica para comprobar su estado de salud.
Allí la acompañó su padre, Diego Mora, director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior que tiene a su cargo la seguridad de funcionarios, así como de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados.
"Mil gracias al presidente Santos, al general Palomino (director de la Policía Nacional), a todos los compañeros del Gobierno", escribió Mora en Twitter.
Según primeras versiones, la menor fue abandonada por sus captores en una vía entre las poblaciones rurales de El Zulia y Santiago, a cincuenta minutos por carretera del lugar donde su pista se perdió este jueves.
Ese día, tras salir de una clase extraescolar, desconocidos interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la niña y se la llevaron, dejando al chófer abandonado en las afueras de Cúcuta.
Para localizar a la pequeña la Interpol emitió alerta amarilla para solicitar la colaboración de otros países por si llegaran a tener conocimiento de que la pequeña, cuya fotografía se incluye en la alerta, se encontraba en sus territorios.
En este sentido, debido a la cercanía de Cúcuta con Venezuela, las autoridades colombianas habían estrechado la coordinación con el vecino país para evitar que la menor cruzara la frontera.
Desde el pasado jueves buscaban a la niña unos 600 agentes de diferentes divisiones de la Policía colombiana, en tanto que el Gobierno había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos (unos 120.000 dólares) a quien aportara información que permitiera localizarla.
Tras su puesta en libertad continuarán las investigaciones para encontrar a sus secuestradores, que según primeras hipótesis podrían formar parte de la delincuencia organizada, según dijo el fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre.
No se descarta tampoco que el rapto de Daniela fuera una venganza contra su padre, quien asumió la dirección de la UNP el pasado enero y recientemente, según medios locales, había destapado varios casos de corrupción, como el uso de vehículos de la entidad para transportar gasolina de contrabando desde Venezuela.
EFE
