La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) pidió hoy la "inmediata liberación" de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, a la que consideró prisionera de conciencia del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Afiuni está detenida desde 2009 por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, preso en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales, y desde febrero de 2010 está en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
HRF, con sede en Nueva York, publicó también un informe de derecho internacional sobre su caso, en el que dice que "Afiuni fue encarcelada horas después de haber dictado una medida cautelar de acuerdo al Código Procesal Penal venezolano y en aplicación de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU".
El informe de HRF señala que "el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos con sus acciones en contra de Afiuni".
"Con el arresto de la jueza Afiuni, el mensaje del Gobierno venezolano fue claro: el juez que actúe 'a espaldas' de Hugo Chávez tiene pena de cárcel", expresó el presidente de HRF, Thor Halvorssen, según un comunicado de prensa.
Asimismo recordó que en marzo de 2007, Chávez afirmó en público que "ningún juez podía estar y actuar a espaldas de la revolución y el líder de la misma".
"El caso de la jueza Afiuni constituye el mayor exponente del control absoluto que Hugo Chávez ejerce sobre el poder judicial de su país. Su arresto sentó un precedente sombrío en la historia de América Latina, pero la valentía con la que afronta su proceso también ha servido para sentar un precedente de esperanza", afirmó Halvorssen.
El presidente de esa organización señaló que tras la detención de Afiuni, Chávez la "tildó de bandida" y después "instruyó públicamente a la Fiscal General, Luisa Ortega, y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, a mantenerla en la cárcel, y pidió que se la castigue con la pena máxima: 30 años de prisión".
Para HRF, la jueza venezolana es una "prisionera de conciencia", que "fue detenida, encarcelada y juzgada exclusivamente por haber dictado una medida judicial que molestó al poder ejecutivo en Venezuela".
Considera igualmente en su informe que la suspensión de Afiuni fue una resolución "arbitraria" de la Comisión Judicial del TSJ sin notificación, audiencia o proceso disciplinario o administrativo previo contra ella.
También denuncia que la jueza venezolana ha recibido amenazas de muerte, y sufrido intentos de asesinato y acoso por otras internas cuando fue encarcelada, circunstancias que se agravaron por la falta de un sistema de separación de internas condenadas y no condenadas en ese país latinoamericano.
"Con estas acciones, el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos", dice HRF, que enumera violaciones al derecho a la libertad personal, al debido proceso legal, al de recibir un trato digno y de la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados.
Tras la detención de Afiuni, varios relatores especiales de la ONU pidieron su libertad inmediata e incondicional, y recordaron a Venezuela que "las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el Poder Judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la Justicia".
Human Rights Foundation es una organización internacional, que se define como apolítica y dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano, de la que forman parte exprisioneros de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Armando Valladares, Ramón Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu, entre otros.
