El lunes en horas de la tarde, durante un acto presidido por el presidente Chávez a propósito de la firma de la nueva LOT, el Jefe de Estado anunció la creación del Consejo de Estado cuya primera tarea sería evaluar la posible retirada de Venezuela de la Cidh. Este acto ha traído comentarios incluso de entes internacionales, pero ¿Cuáles son las consecuencias reales de este requerimiento?
Desde el anuncio, dirigentes políticos y expertos en derechos humanos han levantado su voz en apoyo y protesta. Por ejemplo, el escritor y abogado venezolano Luis Brito García, miembro además del recién formado Consejo de Estado,ha defendido una posible salida.
Durante unas declaraciones hechas en el programa Contragolpe, que transmite VTV, Britto recordó que la actual CIDH está supeditada a los intereses de Norteamérica que, paradójicamente, es la que da mayores aportes económicos a esa instancia. Y es que, por este camino, es que se vislumbra realmente el problema.
La Cidh dentro de la normativa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se define como el “órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función primordial es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región”. Pero el Gobierno venezolano en diversas oportunidades ha señalado que la Comisión se encuentra “parcializada” en contra del país. Al menos así lo aseguró el pasado miércoles Germán Saltrón, agente del Estado venezolano para los Derechos Humanos, quien además calificó de “urgente” la salida del país del organismo.
Pero revisando la historia, Venezuela es parte de la Organización de los Estados Americanos y reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977 al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, el 26 de junio de 1981, Venezuela reconoció como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, nuestra Constitución expresa en su artículo 31 lo referente a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Así, este artículo dentro del Título tercero, Capítulo primero expone:
Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República,a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.
Sobre este punto conversó Carlos Ayala, expresidente de la Comisión Interamericana con Noticias24. Para él, esta salida sería inconstitucional ya que el artículo 23 de la Carta Magna establece que:
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
Pero no obstante, va más allá. Ayala explicó que “ese es un órgano que forma parte de la Carta de la OEA (…) es un órgano principal” al cual todos los miembros están sujetos, y Venezuela, en este caso, es además miembro fundador.
La Carta Interamericana
Con su amplia experiencia, Ayala se preguntó si lo que se está denunciando es entonces la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En este sentido, explicó que la misma Convención regula el derecho de los Estados de denunciar-entendido en derecho internacional como la petición para retirarse de la misma- en su artículo 78:
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
Así, la complicación de la denuncia se amplía. No sólo habría que anunciárselo a todos los estados miembros sino además esperar un año sin que esto implique el congelamiento de las obligaciones del Estado denunciante.
Sin embargo, el Gobierno Nacional en reiteradas oportunidades ha puntualizado que las decisiones de la Corte y la Coimisión están parcializadas en contra de nuestro país y es que tras la petición, voces que apluden la decisión se han levantado en apoyo incluso invitando a nuevos países a unirse a esta iniciativa. Pero, ¿Por qué el rechazo al organismo?
Las decisiones de la Corte y los casos en la Comisión
“Hemos visto como se toman decisiones violatorias en contra de nuestra soberanía desde que el presidente Hugo Chávez está en el poder”, dijo el viernes el diputado Elvis Amoroso quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional a través de una nota de prensa. Para él, la Cidh no es más que un “brazo político del imperialismo” que acepta las denuncias hechas para desfavorecer al Gobierno del Presidente.
De hecho, esto es algo que incluso el propio Canciller Maduro ha dejado entrever cuando, por ejemplo, durante su comparecencia en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Amarilla el pasado miércoles, explicó que “desde su fundación, en el año 1959 hasta la llegada de la Revolución Bolivariana, la Cidh solo admitió cinco peticiones de violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela”, cuando en el tiempo presente ha admitido 36.
Una de ellas, por ejemplo, que además prosperó a la Corte, fue el caso de Leopoldo López, inhabilitado administrativamente en años anteriores. El fallo se anunció en septiembre del año 2011 y ocasionó la crítica de algunos miembros del Gobierno, en contraste con la alegría de quien fuera precandidato a las elecciones primarias de febrero de 2012.
Pero un punto clave de ruptura con la Organización como tal, aunque no en modo práctico, fue el golpe de estado del año 2002. Durante los tres días que duró la confusión y el caos en Venezuela, Estados y Organismos Internacionales se pronunciaron, la mayoría en rechazo a la situación y a la destitución del Presidente constitucional.
Según Nicolás Maduro, el Secretario Ejecutivo de la Comisión para la época, Santiago Cantón, envió una carta a una Organización No Gubernamental de Colombia en la que “el señor Cantón se dirige a Carmona (Estanga) como excelentísimo y le escribe al ministro de Relaciones Exteriores Rodríguez Iturbe. Pregunto: ¿Cuándo fue juramentado Ministro este señor?, iba a ser juramentado por Carmona pero no le dio tiempo”.
Sin embargo, en el informe anual que emitió la Comisión del año 2007, en el párrafo 2, explica que el estudio de la situación de los Derechos Humanos en el país se hizo con una visitain loco en el mes de mayo del año 2002. “Esta visita”, cita el texto, “fue realizada a solicitud del Presidente Hugo Chávez Frías, quien en 1999 visitó las oficinas de la CIDH, en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, DC, siendo el primer jefe de Estado que realizó una visita a la Cidh”. Y continua:
La visita de la Comisión se programó inmediatamente después del quiebre institucional de abril de 2002 cuando se intentó derrocar al Presidente Constitucional de Venezuela. Es de resaltar que la reacción de la Comisión frente al intento de golpe de Estado fue inmediata y decisiva, aún cuando otras instancias internacionales todavía no se habían pronunciado sobre estos graves sucesos. En su comunicado de prensa de 13 de abril de 2002 con ocasión de los acontecimientos del 11 de abril y la subsiguiente alteración del orden constitucional, la Comisión emitió un comunicado de prensa en el que expresó, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. La Comisión también afirmó que:[…] sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos generados por la destitución o renuncia del Presidente Hugo Chávez Frías. La Comisión deplora la destitución, por decreto del gobierno instalado el 12 de abril, de las más altas autoridades judiciales y de funcionarios independientes del Ejecutivo, así como el cese del mandato de los miembros del Poder Legislativo. Estos hechos, en opinión de la CIDH, podrían configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. La CIDH exhorta a Venezuela a un pronto retorno al Estado de Derecho y al sistema democrático de gobierno garantizando el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. […]
Al parecer la buena relación entre nuestro país y la Comisión fue también quebrantada tras la ruptura del orden Constitucional del año 2002. Y es desde este momento que las denuncias de injerencia y abuso de poder por parte de Estados Unidos empiezan a sonar. Sin embargo, para muchos, tales acusaciones distan mucho de ser ciertas.
Félix Arellano: “Es absolutamente falso que en la Comisión exista un poder por parte de EE UU que afecte a Venezuela”
Para el director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Félix Arellano, la injerencia de potencias como Estados Unidos es “absolutamente falsa. El Gobierno quiere engañar al país (…) si el Estado venezolano se opone a algunas de las decisiones adoptadas las puede contrademandar“. Al mismo tiempo, mencionó que el aumento de denuncias no debe observarse como un hecho negativo sino como una apertura de los derechos y del Estado democrático.
Y es que tras las aparentes buenas relaciones entre la Comisión y nuestro Estado, Ayala, por ejemplo, explicó que el verdadero problema de la Comisión no está en quién da el apoyo financiero, sino en la escasez de recursos que existen para procesar las demandas.
“La comisión tiene 14 abogados y el presupuesto asignado por los estados de es aproximadamente de 3 millones (…) la gran reforma del sistema es dotarla de los recursos humanos y materiales para que pueda atender oportunamente los casos que llegan y donde los estados no han sido capaces de proteger a las personas frente a las violaciones”, resaltó.
Sin embargo, tras las especulaciones, el Consejo de Estado debe seguir estudiando la posibilidad y así proceder a los pasos necesarios para realizarla. Problema de fondo y de forma que además no solo se evidencia en esta instancia, sino en incluso organismos como la ONU donde el derecho a veto sigue siendo la piedra de tranca de muchas decisiones.
Tanto nuestro ordenamiento interno como la historia, por ser además país fundador, tiene presente la función de la Cidh cuya participación como garante de los derechos pende de un hilo ante la expectación de la decisión que se hará al respecto.
Por: Ana Vanessa Herrero / Noticias24
