Los problemas de la universidad peruana surgieron con el Decreto Legislativo 882, dictado durante el régimen de Alberto Fujimori, que permitió el lucro en la educación, y la nueva Ley Universitaria la derogará, dijo este domingo el congresista Daniel Mora.
"(La norma), dictada en 1996, provocó estas universidades ´chicha´, que lo único que les interesa es recibir más dinero y no les importa la calidad educativa",
"(La norma), dictada en 1996, provocó estas universidades ´chicha´, que lo único que les interesa es recibir más dinero y no les importa la calidad educativa",
expresó. En ese sentido, explicó que dichos centros de estudio privados pagan sueldos ínfimos a los profesores, que fluctúan entre los ocho y 15 soles por hora.
"Buscan lucrar y todavía piden liberación de pago de impuesto a la renta, de IGV, de pago de impuestos a las importaciones y tributos municipales. La gran mayoritaria, las societarias buscan el lucro y ese ha sido el gran daño que ha sufrido la universidad", señaló a la Agencia Andina.
Explicó además que las universidades asociativas privadas sin fines de lucro prácticamente no pagan ningún impuesto, ni renta, importaciones e incluso algunos tributos municipales.
Mientras que las societarias con fines del lucro generan utilidades, como por ejemplo la UPC que el año pasado generó utilidades por S/. 110 millones al grupo estadounidense Laurate, que utiliza este dinero para mejorar sus otros negocios en el extranjero. "Estamos subsidiando negocios a través de la educación", anotó.
Respecto a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que sostiene que la nueva ley viola 50 artículos de la Constitución, Mora precisó que la comisión solicitó al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, César Landa, un estudio para conocer la constitucionalidad de la norma.
"Sus conclusiones son contundentes. La Superintendencia (Nacional de Educación Universitaria) no atenta contra la autonomía, es totalmente constitucional. La ANR lo sabe porque le hemos hecho llegar este dictamen", precisó.
Informó además que la oposición, encabezada por el congresista José Luis Elías, dueño de la Universidad San Juan Bautista, y la ANR contrataron al también constitucionalista Aníbal Quiroga, quien "declaró que no está en contra de la Superintendencia, sino que no concuerda con que esté adscrita al Ministerio de Educación. Ese fue su único reparo".
"El termino adscripción se utiliza para dar autonomía a diversos organismos del Estado. Las reguladoras como Osiptel, Osinermin, Sunat tienen plena autonomía económica y financiera, sin embargo están adscritos unos a la Presidencia del Consejo de Ministros y otros como la Sunarp a Justicia, o la Sunat a Economía", explicó.
Además, dijo, la Superintendencia sólo asume las funciones de la Asamblea Nacional de Rectores y el Conafu, y que ambas entidades se sustituyen porque no son imparciales.
Además informó que el Tribunal Constitucional se manifestó en el 2010 a favor de una Superintendencia por una solicitud del Congreso, donde se pedía que revise la situación de algunas universidades.
"Cuando se empezó a analizar el tema se dio con la sorpresa que se creaban universidades sin cumplir ningún requisito, se autorizaban a diestra y siniestra, produciéndose irregularidades", dijo.
En las conclusiones se da cuenta que el Conafu no era imparcial pues está formada por ex rectores, en tanto que la ANR por rectores.
"Cuando una universidad tiene problemas de irregularidades o corrupción, la Asamblea no autoriza la investigación porque su rector es miembro e impide que se realice cualquier acción", precisó.
Mora explicó además que "la ANR tiene facultades para hacer auditorías internas a universidades públicas y privadas, o intervenir si se detecten irregularidades, pero nunca lo ha hecho, lo que ha suscitado casos como los del rector de la Universidad Garcilazo de la Vega, quien ganaría un millón de soles".
ANDINA
