(Brasilia, 27 de enero dpa) - Un mes después de tomar posesión en su segundo mandato, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,enfrentará el domingo una prueba decisiva para su relación con el nuevo Congreso. Ese día tomarán posesión los diputados y senadores electos en los comicios de octubre pasado y se definirán los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados
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El principal “dolor de cabeza” para el gobierno es la disputa por la presidencia de la Cámara Baja, cuyo titular será uno de los hombres más poderosos del país, ya que puede archivar o permitir la tramitación de pedidos de juicio político a la mandataria y asumirá el gobierno en caso de ausencia de Rousseff y del vicepresidente Michel Temer.
El candidato del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) al cargo, Arlindo Chinaglia, parte en desventaja para la disputa frente al diputado Eduardo Cunha, quien lidera la facción “rebelde” del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y aboga por que la agrupación asuma una posición “independiente” del gobierno.
Según el analista político del diario “Folha de Sao Paulo” Fernando Rodrigues, una victoria de Cunha supondrá “casi un desastre para Dilma Rousseff”, porque, de confirmarse, el diputado disidente habrá conquistado el comando de la Cámara Baja “sin la ayuda del PT y en contra del deseo claro del palacio del Planalto (Presidencia)”.
La oposición al gobierno de Rousseff también presentó a candidatos a la Presidencia de la Cámara Baja -Julio Delgado, del Partido Socialista Brasileño (PSB), y Chico Alencar, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)-, pero ninguno de los dos tiene posibilidades de ganar la disputa.
Cunha dedicó los últimos días a intensas negociaciones con la principal fuerza de oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), para convencer a los 54 diputados de la agrupación a renunciar al apoyo a Delgado y apoyar su candidatura al puesto.
Si logra hacerlo, tendrá enormes posibilidades de conquistar el cargo, afirman los analistas.
Pese a ello, el ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas, confía en que Chinaglia pueda vencer en la elección, ya que hay actualmente un “equilibrio de fuerzas” en la disputa.
Según Vargas -quien abandonará el cargo por 24 horas el domingo para asumir su mandato de diputado federal y votar por Chinaglia-, los legisladores del PSDB tienden a votar por Cunha, pero Chinaglia tiene posibilidades de conquistar 42 votos opositores, de los diputados del Partido Socialista Brasileño (PSB) y del Partido Verde (PV).
En la disputa del Senado, la posición del gobierno tampoco es cómoda, pese a que el actual presidente de la Casa legislativa, Renan Calheiros -un fiel aliado del gobierno en el PMDB- se perfila como claro favorito a conquistar la reelección.
El problema es que, según se rumorea en Brasilia, Calheiros estaría entre los políticos que sacaron provecho financiero de la red de corrupción que operó entre 2004 y 2012 en la petrolera estatal Petrobras.
Los nombres de los políticos involucrados en el escándalo son mantenidos en secreto, pero el jefe del Ministerio Público, Rodrigo Janot, prometió divulgarlos a lo largo de febrero. Si se confirma que Calheiros está entre los acusados, ello dejará al gobierno en una posición muy delicada, según afirma Fernando Rodrigues.
El analista recuerda que, si el presidente del Senado es obligado a defenderse de acusaciones de corrupción ante el Supremo Tribunal Federal (STF), ello será un problema para la Cámara Alta, pero “será pésimo” para el gobierno, que tendrá que “convivir y depender del apoyo de un aliado cuestionado”.
La definición de los nuevos comandantes del Congreso ocurre en momentos en que Rousseff busca el aval del Poder Legislativo a un impopular proyecto de ajuste fiscal basado en recortes de gastos públicos y aumentos de impuestos para frenar la tendencia de aumento de la inflación y sentar las bases para una reactivación de la estancada economía del país.
Además, las investigaciones del escándalo en Petrobras y la crisis hídrica que amenaza con un colapso en el suministro de agua y energía al industrializado sureste brasileño pueden contribuir a mermar el apoyo popular y político a la presidenta brasileña, quien tomó posesión de su segundo mandato el 1 de enero pasado.
