El Congreso de Chile aprobó este lunes, a la espera de la promulgación presidencial, el proyecto de reforma del sistema educativo, que entrará en vigor en marzo de 2016 y que busca acabar con el lucro, el copago y la selección de alumnos en los establecimientos que reciben aportes del Estado.
La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado para luego volver a la Cámara baja, donde se aprobó definitivamente este lunes, es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el Gobierno de Michelle Bachelet y que se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentada en tres ejes: el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
Durante la parte final de la sesión, el presidente de la Cámara baja, Aldo Cornejo, ordenó el desalojo parcial de las tribunas, después de que algunos integrantes de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) protagonizarán una protesta.
La decisión generó el rechazo de los legisladores opositores, quienes interrumpieron en varios momentos el proceso de votación del proyecto para protestar contra la medida, incluso algunos se retiraron de la sala.
El diputado conservador José Manuel Edwards acusó a Cornejo de "no dar garantías" al ordenar el desalojo de los opositores al proyecto y afirmó que su bancada pedirá la censura de la mesa directiva.
Tras la votación, el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre expresó su "gratitud y satisfacción" con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.
"Al final del día lo importante es que la democracia ha construido sus propios fundamentos para avanzar en una educación de calidad, este es un proyecto que sienta la base filosófica de cómo se construye educación en Chile, un país donde buscamos que los estudios de los niños ya no se decidan por la capacidad económica de sus padres", indicó Eyzaguirre.
En tanto, la exlíder estudiantil y diputada Camila Vallejo destacó que "este proyecto hace justicia al desmantelar tres pilares de las leyes de mercado".
"Nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que trabajan por poner en primer lugar el criterio de equidad", valoró Vallejo.
"Los padres de menores ingresos conocerán ahora lo importante que es no tener que pagar más recursos por garantizar la educación de sus hijos", agregó.
La normativa termina con la selección por rendimiento previo en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro" y estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país.
Junto con ello, fija sanciones a los gestores que se lucren con recursos destinados a la educación, eso significa que quien se lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y, además, pagar una multa del 50 % de lo que haya utilizado de mala manera.
Asimismo, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad con el fin de terminar con las "discriminaciones arbitrarias".
Por ende, los colegios no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.
La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1 de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los gestores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional, transfieran su calidad de tal.
La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado para luego volver a la Cámara baja, donde se aprobó definitivamente este lunes, es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el Gobierno de Michelle Bachelet y que se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentada en tres ejes: el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
Durante la parte final de la sesión, el presidente de la Cámara baja, Aldo Cornejo, ordenó el desalojo parcial de las tribunas, después de que algunos integrantes de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) protagonizarán una protesta.
La decisión generó el rechazo de los legisladores opositores, quienes interrumpieron en varios momentos el proceso de votación del proyecto para protestar contra la medida, incluso algunos se retiraron de la sala.
El diputado conservador José Manuel Edwards acusó a Cornejo de "no dar garantías" al ordenar el desalojo de los opositores al proyecto y afirmó que su bancada pedirá la censura de la mesa directiva.
Tras la votación, el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre expresó su "gratitud y satisfacción" con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.
"Al final del día lo importante es que la democracia ha construido sus propios fundamentos para avanzar en una educación de calidad, este es un proyecto que sienta la base filosófica de cómo se construye educación en Chile, un país donde buscamos que los estudios de los niños ya no se decidan por la capacidad económica de sus padres", indicó Eyzaguirre.
En tanto, la exlíder estudiantil y diputada Camila Vallejo destacó que "este proyecto hace justicia al desmantelar tres pilares de las leyes de mercado".
"Nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que trabajan por poner en primer lugar el criterio de equidad", valoró Vallejo.
"Los padres de menores ingresos conocerán ahora lo importante que es no tener que pagar más recursos por garantizar la educación de sus hijos", agregó.
La normativa termina con la selección por rendimiento previo en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro" y estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país.
Junto con ello, fija sanciones a los gestores que se lucren con recursos destinados a la educación, eso significa que quien se lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y, además, pagar una multa del 50 % de lo que haya utilizado de mala manera.
Asimismo, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad con el fin de terminar con las "discriminaciones arbitrarias".
Por ende, los colegios no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.
La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1 de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los gestores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional, transfieran su calidad de tal.
EFE
