El director del diario uruguayo El Telégrafo, Alberto Baccaro, afirmó hoy que “está en juego” la libertad de prensa luego de que la empresa pública Alcoholes del Uruguay (Alur) denunciase a la publicación por grabar con un dron los destrozos causados por un accidente en una de sus plantas.
“Esto es una denuncia ante la autoridad aeronáutica por hacer pública una información que no le resulta nada simpática (a Alur). Claramente lo que se está buscando es intimidar al diario”, señaló a Efe Baccaro, para quien se trata de un “agravante” que esta situación venga de una empresa estatal.
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay (Dinacia) investiga la demanda interpuesta por Alur, que se dedica a la producción de biodiesel, bioetanol, alimento animal, energía y azúcar y está conformada al 94 % por el Grupo Ancap, empresa estatal de hidrocarburos de Uruguay, y al 6 % por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De momento, dicho ente no expresó a Efe su posición.
Según El Telégrafo, decano de los diarios de Uruguay y ubicado en Paysandú (noroeste), el pasado 20 de junio y con base en “fuentes fidedignas”, publicó que se había producido un derrumbe días antes en una nave de Alur en su planta de Nuevo Paysandú, inaugurada en 2014.
“Al no haber informe oficial del siniestro, se decidió realizar un vuelo sobre el lugar, con un dron de la empresa, con el cual ya se han hecho varios trabajos periodísticos durante el más de un año desde que fuera adquirido”, explicó la publicación en su página web.
No obstante, su director aseguró hoy que en alguna ocasión se habían grabado del mismo modo y divulgado imágenes de la empresa sin que hubiera habido ningún reclamo por su parte.
El diario, añadió, no pidió autorización para sobrevolar y grabar con el dron porque según la reglamentación, dispositivos de hasta 25 kilos de peso de lanzamiento (este pesa 1,5 kilos) no requieren de ningún permiso.
Fue así que tras publicar las fotografías y vídeos en la web del diario, Alur interpuso una denuncia en la Dinacia, dependiente del Ministerio de Defensa, y el expediente se encuentra en proceso de estudio, en etapa de instrucción, informaron hoy a Efe fuentes de la autoridad aeronáutica.
“Lo que llega a la Dinacia y a la Junta de Infracciones para investigar se va a investigar”, agregaron, para matizar que la junta estudiará el expediente después de la instrucción y verá “si recomienda una sanción o un archivo”.
En un comunicado posterior a la información divulgada por El Telégrafo, Alur explicó que el incidente dio lugar a la rotura y caída de una parte del techo del edificio de almacenamiento de alimento animal y se registraron solo daños materiales.
Para Baccaro, este fue “un accidente que se pretendió ocultar por una empresa que es del Estado (…) y que ni siquiera se comunicó a la central obrera”, que pudo tener consecuencias fatales y que con esta denuncia “lo que está en juego es la libertad de prensa”.
No obstante, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, consideró hoy que el diario informó de asuntos de interés público y que utilizó una “legítima y nueva herramienta de trabajo”.
Al tratarse de tecnología nueva, en Uruguay no existe una regulación detallada del uso de drones, pero sí un ordenamiento básico destinado a garantizar “niveles aceptables de seguridad operacional”.
Por ejemplo, la reglamentación prohíbe para todos los tamaños de aparatos y salvo autorización los vuelos en áreas prohibidas o restringidas y sobre áreas pobladas y con alta concentración de gente.
“En este caso no cuenta porque no había concentración de gente en la planta en ese momento”, señaló Baccaro.
De prosperar la denuncia, el Código Aeronáutico, prevé sanciones para quien lo incumpla, pero ninguna multa podrá superar el millón de unidades indexadas (unos 110.000 dólares).
El director de El Telégrafo aseguró no saber “hasta dónde puede llegar esto” al no haber experiencia sobre drones, aunque consideró que “suponiendo” que la resolución de la Dinacia sea “adversa” al diario, la denuncia interpuesta podría llegar a lo “penal o civil”.
Fuente: EFE
