Este martes va a segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) el Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
Los diputados darán la revisión definitiva a esta propuesta legal en la sesión prevista para las 2:00 pm, con la que retoman el período ordinario y en la que también considerarán informes correspondientes a tres créditos adicionales antes de discutir el proyecto de Ley artículo por artículo.
El miércoles pasado, la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN concluyó la discusión del instrumento legal, de cara a presentar el informe definitivo a consideración de la plenaria.
El proyecto incluye, entre otros aspectos, una metodología para la determinación de los cánones de alquiler según el método de costos, descuentos para la venta de los inmuebles a los inquilinos, que varían según los años que tengan las familias como arrendatarios; y sanciones para quienes violen la normativa, que van desde 50 a 1.000 unidades tributarias.
El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela - Psuv), ha señalado que se trata de una propuesta de ley que defiende los intereses de más de 750.000 familias que en el país viven en condición de arrendamiento, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.
La metodología para la fijación del canon de arrendamiento, que será determinada por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, tomará en cuenta los tipos y materiales de la construcción. El valor del terreno no será considerado, aunque sí la ubicación.
Los descuentos para la compra de las viviendas que están arrendadas dependerán del tiempo que como inquilino tenga el comprador. Será de hasta 25% para quienes acumulen más de 40 años en alquiler.
Además, una de sus disposiciones transitorias ordena la regularización de los edificios de vieja data. Explicó Cabello el miércoles que en muchos de esos inmuebles no se conoce quién es el dueño o son administrados por compañías con un poder legal desde hace más de 50 años.
De igual manera, con las sanciones se alimentará un fondo para la protección del inquilino y el pequeño arrendador, que es aquel que tiene hasta dos viviendas en alquiler.
El diputado ha destacado que el proyecto de ley respeta la propiedad privada y garantiza reglas claras en el arrendamiento de viviendas para ambas partes.
Se eliminan discriminaciones al momento de alquilar, relacionadas con la existencia de hijos, personas con discapacidad o la preferencia sexual del arrendatario; desaparecen los depósitos y se fija el contrato en mínimo tres años.
Además, se reconoce el derecho de los familiares de continuar habitando un inmueble alquilado, en caso de que muera el integrante que firmó el contrato.
Este proyecto de ley fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos. La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, y la discusión en la Comisión estuvo siempre acompañada por los inquilinos y representantes de los propietarios
Los diputados darán la revisión definitiva a esta propuesta legal en la sesión prevista para las 2:00 pm, con la que retoman el período ordinario y en la que también considerarán informes correspondientes a tres créditos adicionales antes de discutir el proyecto de Ley artículo por artículo.
El miércoles pasado, la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN concluyó la discusión del instrumento legal, de cara a presentar el informe definitivo a consideración de la plenaria.
El proyecto incluye, entre otros aspectos, una metodología para la determinación de los cánones de alquiler según el método de costos, descuentos para la venta de los inmuebles a los inquilinos, que varían según los años que tengan las familias como arrendatarios; y sanciones para quienes violen la normativa, que van desde 50 a 1.000 unidades tributarias.
El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela - Psuv), ha señalado que se trata de una propuesta de ley que defiende los intereses de más de 750.000 familias que en el país viven en condición de arrendamiento, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.
La metodología para la fijación del canon de arrendamiento, que será determinada por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, tomará en cuenta los tipos y materiales de la construcción. El valor del terreno no será considerado, aunque sí la ubicación.
Los descuentos para la compra de las viviendas que están arrendadas dependerán del tiempo que como inquilino tenga el comprador. Será de hasta 25% para quienes acumulen más de 40 años en alquiler.
Además, una de sus disposiciones transitorias ordena la regularización de los edificios de vieja data. Explicó Cabello el miércoles que en muchos de esos inmuebles no se conoce quién es el dueño o son administrados por compañías con un poder legal desde hace más de 50 años.
De igual manera, con las sanciones se alimentará un fondo para la protección del inquilino y el pequeño arrendador, que es aquel que tiene hasta dos viviendas en alquiler.
El diputado ha destacado que el proyecto de ley respeta la propiedad privada y garantiza reglas claras en el arrendamiento de viviendas para ambas partes.
Se eliminan discriminaciones al momento de alquilar, relacionadas con la existencia de hijos, personas con discapacidad o la preferencia sexual del arrendatario; desaparecen los depósitos y se fija el contrato en mínimo tres años.
Además, se reconoce el derecho de los familiares de continuar habitando un inmueble alquilado, en caso de que muera el integrante que firmó el contrato.
Este proyecto de ley fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos. La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, y la discusión en la Comisión estuvo siempre acompañada por los inquilinos y representantes de los propietarios
AVN
