(Reuters) - Venezuela inició el jueves un censo que, pese a ser un ejercicio habitual cada década, cayó preso de la rivalidad política y de temores de la población a que sea aprovechado por delincuentes en un país con un alto índice de criminalidad.
Autoridades, incluyendo representantes de la ONU, hicieron llamados a
participar y mandaron mensajes de confiabilidad de un estudio que
afirmaron es técnico, no político, y sobre la debida identificación de
los 18.000 encuestadores que visitarán a 7,5 millones de hogares en tres
meses.
“Como están ahora las cosas es peligroso. No quiero que nadie sepa lo
que tengo y lo que no”, dijo William Rondón, trabajador privado de 54
años y quien teme que delincuentes disfrazados de encuestadores entren
en su casa y lo roben, en un país donde la seguridad encabeza la lista
de necesidades.
“No voy a dejar que nadie entre a mi casa, nadie”, añadió. Según
cifras oficiales, en el país de unos 29 millones de habitantes son
asesinadas 48 personas por cada 100.000 habitantes. Cálculos privados
muchas veces doblan esa tasa.
Ajenos a los temores de la población, los políticos encontraron en el
censo un nuevo punto de enfrentamiento a las puertas de las elecciones
presidenciales del próximo año, en las que el presidente socialista Hugo
Chávez buscará extender su mandato que inició en 1999.
La oposición denunció que algunas de las 69 preguntas que conforman
el cuestionario invaden la privacidad porque piden detalles que
considera innecesarios sobre las viviendas y los bienes, por lo que
exhortó a la población a no contestarlas.
El propio Chávez, quien está en su tercera ronda de quimioterapia por
un cáncer que padece, consideró las denuncias como un intento de
saboteo de un estudio que busca actualizar datos para elaborar planes de
desarrollo a futuro en el país petrolero. “Es insólito”, comentó tarde
el miércoles.
El presidente del partido opositor Copei, Roberto Henríquez, pidió al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspender algunas preguntas que
tienen que ver con la vivienda y las propiedades, ya que considera que
son “invasivas e inconstitucionales”.
“No tienen ningún soporte técnico, sociológico, ni estadístico”, afirmó.
No obstante, el presidente del Instituto Nacional de Estadística
(INE), Elías Eljuri, defendió el carácter técnico del estudio y dijo que
las preguntas son las mismas de los censos anteriores, siendo el último
en 1991.
Se mantendrán las 69 preguntas ya que “se vienen haciendo desde hace
cinco censos, es decir, que si estamos equivocados tenemos más de 50
años equivocándonos”, afirmó.
El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Jorge
González Caro, respaldó la transparencia del proceso y aseguró que los
datos que servirán para definir las políticas públicas de la siguiente
década.
“Si la gente le cierra la puerta al censo, sólo podrá corregir esto dentro de 10 años, en 2021″ explicó.
Por Mario Naranjo
