Los expertos abogan por imponer niveles mínimos de copago en las autonomías
El comité de expertos propone al Gobierno ampliar la capacidad de las autonomías para ampliar el copago en los servicios públicos con vistas a reforzar su nivel de recaudación. A cambio de ceder capacidad normativa para imponer impuestos propios, las comunidades ganarían margen para "establecer sistemas de copago sobre los servicios públicos tales como la sanidad y la educación, mejorándose así sus capacidades de financiación de tales servicios". Eso sí, los expertos reconocen que este tipo de impuestos no gustan entre el contribuyente-votante y, por tanto, implican cierto coste político. Por ello, animan a imponer un tipo mínimo del copago para buscar algo de homogeneidad.
"Podría ser útil integrar estos copagos en el modelo de financiación, de forma que se fijen unos mínimos en los copagos de todas las comunidades autónomas que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva", añade el informe.
Uno de los principales objetivos que llevó al Gobierno a encargarles un informe para la reforma fiscal era identificar medidas que garantizasen la unidad de mercado. También, según ha comentado el catedrático de Hacienda Manuel Lagares, responsable de coordinar al comité de sabios, proponer ideas contra aquellas políticas que ponen en riesgo la neutralidad del sistema y que surgen de las comunidades.
Sobre el primer punto, los expertos abogan por "mantener la capacidad de las comunidades sobre el IRPF sin que sus tipos, junto con los del Gobierno central, sobrepasen los límites" del 50%.También piden mantener esa capacidad respecto a los mínimos personales, pero sin afectar a la base, a los tipos y a la cuota del ahorro, que deberían ser generales para todo el territorio de régimen común. También piden suprimir la capacidad de decisión sobre algunas deducciones, sobre todo en el ahorro, e impedir que resuciten aquellas que se eliminen en el tramo estatal.Las comunidades son responsables de una parte muy significativa del gasto público y participan en su financiación de modo también muy relevante", indica el texto. En paralelo, cuentan también con capacidad normativa para imponer tributos propios. Mientras, el equilibrio estaría entre un sistema financiado con recursos propios que incentive la estabilidad presupuestaria, frente a uno de cesiones de impuestos que cuente con los suficientes sistemas de control que eviten la generación de déficits.
Sobre el segundo apartado, el catedrático ha defendido que las autonomías que quieran imponer un impuesto propio tendrían que llevar la propuesta al consejo de política fiscal y financiera. Sería este foro quien decidiría qué hacer tras el análisis de todas las comunidades y después de comprobar que no afecta a la libertad de mercancías y personas o ponen en riesgo la mencionada neutralidad de mercado.
Bienes de alta movilidad
"La descentralización resulta especialmente ineficiente cuando se aplica sobre bienes de alta movilidad, sobre actividades que tengan esa misma característica o sobre etapas de la producción-distribución distantes del consumidor final", argumenta el texto. Por eso, la comisión recomienda que el impuesto de sociedades se quede en la administración central y, por el lado contrario, se apruebe "una mejora sustancial de la imposición sobre bienes inmuebles", que no se ven afectados por la penalización geográfica ya que no se pueden mover.
A modo de ejemplo, Lagares ha recordado lo sucedido con la tasa a los depósitos a la banca, uno de los impuestos que ha generado más controversia entre la Administración central y las autonomías. "Hay comunidades a las que se les ha ocurrido la feliz idea de imponer un impuesto a los depósitos bancarios, lo que ha hecho que los clientes lo pongan en Madrid y lo cobren en cualquier lado. No tiene ningún sentido", ha dicho.
IVA adicional, descartado
En la imposición indirecta, las "alternativas habitualmente barajadas, como la creación de una fase minorista del IVA, la creación de un IVA autonómico o la creación de un recargo autonómico sobre las ventas minoristas no parece que sean aceptables en el actual diseño de este impuesto a nivel comunitario", advierten. Una excepción sería, añaden, quizás un impuesto al alcohol o tabaco.
Por otra parte, sobre los impuestos medioambientales, los expertos consideran que "muchos de los creados con ese objeto no están ahora efectivamente justificados y generan, además, una notable dispersión legislativa con consecuencias muy negativas para la unidad del mercado interior y la neutralidad. Se propone, por tanto, una revisión con profundidad de esos impuestos, que incluye su eliminación en algunos casos".
Sobre el impuesto de sucesiones, que tiene un tipo diferente entre comunidades y que llega a estar exento hasta el 99% en Madrid, proponen tres tipos en función del grado de parentesco. "Lo que no podemos es haciendo barbaridades y complicando la vida de los ciudadanos" poniendo tipos exagerados y sin lógica, ha denunciado Lagares.
El Gobierno ha dejado para otra comisión, que se nombrará seguidamente, el amplio tema de la financiación de las comunidades.
EL PAIS
