La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció este jueves que su Gobierno ha denunciado ante la justicia de su país a la empresa gráfica norteamericana Donnelley por presunta violación de la ley antiterrorista. Donnelley había pedido el pasado día 8 de agosto a un juez argentino que declarara a su filial local en quiebra y el lunes pasado amaneció con la bancarrota ya aceptada, su planta en el Gran Buenos Aires (periferia) cerrada y unos 400 obreros en la calle. Fernández señaló que detrás de Donnelley está presente la mano de uno de los fondos buitre que consiguió el fallo contra Argentina en EE UU, NML, del norteamericano Paul Singer.
La sentencia sobre los fondos buitre impidió que el país sudamericano pagara el pasado 30 de julio su deuda reestructurada en 2005 y 2010 porque no ha abonado a esos fondos especulativos que habían rechazado la refinanciación del pasivo impago desde 2001.
Fernández dijo que NML había tenido el 13% de las acciones de Donnelley, que en todo el mundo factura más de 7.000 millones de euros y emplea a 55.000 personas, pero las vendió a otro fondo estadounidense, Blackrock. La presidenta argentina acusa a NML y Blackrock de compartir negocios en varias sociedades. “Hay un entramado casi mafioso a nivel internacional”, opinó la jefa de Estado en un acto en el que anunció otro medida para reactivar la economía en estanflación (recesión y alta inflación), en concreto, la construcción de 105.000 viviendas sociales hasta 2015.
Los obreros de Donnelley han tomado la fábrica de la localidad de Garín y la han puesto en marcha el miércoles bajo el formato de cooperativa, como muchas de las llamadas empresas recuperadas del colapso argentino de 2001. La actual crisis del país sudamericano no puede compararse con las dimensiones de aquella debacle de hace 13 años.“Hemos formulado una denuncia penal ante la justicia federal por alteración al orden económico y financiero”, explicó Fernández, que acusó a Donnelley de fraguar una crisis supuestamente inexistente.También criticó al juez que declaró la quiebra en solo tres días y anunció una presentación contra la empresa ante la Comisión de Valores de EE UU (SEC, según sus siglas en inglés). La ley antiterrorista de Argentina fue aprobada por exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para agravar las penas contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Pena a quienes busquen “aterrorizar a la población”.
NML, mientras tanto, aún no se ha manifestado sobre las empantanadas negociaciones para vender la deuda argentina impaga a bancos internacionales que buscan desactivar la moratoria de Buenos Aires. En cambio, otro fondo buitre norteamericano, Aurelius, afirmó el miércoles que “no hay perspectiva realista” de acuerdo con esos bancos,Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC, que a su vez ese mismo día enfrentaba en Buenos Aires un allanamiento de sus oficinas por parte de la Hacienda argentina por presunto lavado de dinero. Fuentes financieras dijeron el jueves a la agencia Reuters que “las conversaciones parecían derrumbarse” por desacuerdos sobre el valor de la deuda y la falta de garantías de que el Gobierno de Fernández, que finaliza en diciembre de 2015, vaya a cumplir en algún momento con la sentencia de la justicia de EE UU
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