El organismo mexicano encargado de atender a las víctimas pidió a la fiscalía general que investigue el suicidio en las últimas semanas de cuatro niños rescatados del albergue La Gran Familia en julio pasado.
"Las propias víctimas" del albergue de Zamora, intervenido por el Gobierno mexicano a partir de varias denuncias de abusos, "nos relatan que cuatro niños se han suicidado",dijo a Efe el abogado Julio Hernández Barros, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
"No hemos confirmado todavía esta información", de la cual "no dudamos" porque partimos del "principio de buena fe", pero "hemos dado aviso a la Procuraduría General de la República" (PGR, fiscalía) para que confirme esas muertes "lamentables", señaló.
El comisionado indicó que solo tienen los "nombres de pila" de los menores y no quiso abundar en más detalles sobre los suicidios a la espera de los resultados de la investigación de la unidad especializada en tráfico de menores, indocumentados y órganos.
"Queremos evitar que esto siga pasando diseñando, a través el equipo de sicología de la Comisión", políticas inmediatas para evitar que se registren más suicidios entre los menores, señaló.
La presidenta de la fundación ¿Y quién habla por mí?, María Ampudia, narró este viernes a la emisora MVS que el caso más reciente es el un niño de 11 años que se colgó tras enterarse que tenía la enfermedad del papiloma anal por violación.
Estaba previsto que ese menor viajara a la capital para acudir a la CEAV junto con un grupo de 15 víctimas de La Gran Familia para denunciar los abusos que sufrieron en el internado fundado por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, y conocer sus derechos.
Hernández indicó que hasta ahora la CEAV ha recibido el testimonio de alrededor de 450 víctimas de la Gran Familia, de donde fueron rescatados casi medio millar de menores y más de un centenar de adultos.
En ese lugar que produjeron "abusos enormes", desde sexuales hasta "explotación laboral" y "prostitución", pasando por "quemaduras" y "tatuajes obligados de muchos niños como si estuvieran en un gueto de la Segunda Guerra Mundial".
Dijo que los niños están recibiendo atención médica y sicológica, además de asesoría legal para que tengan acceso a la "verdad y a la justicia", así como "garantías de no repetición y de reparación integral", pues es "la única forma de que salgan de su condición de víctimas".
En ese sentido, el experto explicó que la Comisión está trabajando en un nuevo modelo para que los menores sean acogidos por algunas familias de manera temporal mientras la autoridad está en condiciones de reintegrarlos a su hogares.
En el caso de que los niños que no tengan familia o posibilidad de regresar por diversas condiciones a sus hogares estaría la figura legal de la adopción.
El objetivo es que los pequeños no sean recluidos en instituciones, ya sea públicas o privadas, que generan aislamiento y ponen en riesgo los derechos de los niños.
Seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a una prisión, acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas.
La directora quedó libre de cargos debido a su deterioro físico y mental, pese a que la Fiscalía federal acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.
"Las propias víctimas" del albergue de Zamora, intervenido por el Gobierno mexicano a partir de varias denuncias de abusos, "nos relatan que cuatro niños se han suicidado",dijo a Efe el abogado Julio Hernández Barros, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
"No hemos confirmado todavía esta información", de la cual "no dudamos" porque partimos del "principio de buena fe", pero "hemos dado aviso a la Procuraduría General de la República" (PGR, fiscalía) para que confirme esas muertes "lamentables", señaló.
El comisionado indicó que solo tienen los "nombres de pila" de los menores y no quiso abundar en más detalles sobre los suicidios a la espera de los resultados de la investigación de la unidad especializada en tráfico de menores, indocumentados y órganos.
"Queremos evitar que esto siga pasando diseñando, a través el equipo de sicología de la Comisión", políticas inmediatas para evitar que se registren más suicidios entre los menores, señaló.
La presidenta de la fundación ¿Y quién habla por mí?, María Ampudia, narró este viernes a la emisora MVS que el caso más reciente es el un niño de 11 años que se colgó tras enterarse que tenía la enfermedad del papiloma anal por violación.
Estaba previsto que ese menor viajara a la capital para acudir a la CEAV junto con un grupo de 15 víctimas de La Gran Familia para denunciar los abusos que sufrieron en el internado fundado por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, y conocer sus derechos.
Hernández indicó que hasta ahora la CEAV ha recibido el testimonio de alrededor de 450 víctimas de la Gran Familia, de donde fueron rescatados casi medio millar de menores y más de un centenar de adultos.
En ese lugar que produjeron "abusos enormes", desde sexuales hasta "explotación laboral" y "prostitución", pasando por "quemaduras" y "tatuajes obligados de muchos niños como si estuvieran en un gueto de la Segunda Guerra Mundial".
Dijo que los niños están recibiendo atención médica y sicológica, además de asesoría legal para que tengan acceso a la "verdad y a la justicia", así como "garantías de no repetición y de reparación integral", pues es "la única forma de que salgan de su condición de víctimas".
En ese sentido, el experto explicó que la Comisión está trabajando en un nuevo modelo para que los menores sean acogidos por algunas familias de manera temporal mientras la autoridad está en condiciones de reintegrarlos a su hogares.
En el caso de que los niños que no tengan familia o posibilidad de regresar por diversas condiciones a sus hogares estaría la figura legal de la adopción.
El objetivo es que los pequeños no sean recluidos en instituciones, ya sea públicas o privadas, que generan aislamiento y ponen en riesgo los derechos de los niños.
Seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a una prisión, acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas.
La directora quedó libre de cargos debido a su deterioro físico y mental, pese a que la Fiscalía federal acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.
EFE
