Quito, 05 de mayo. EFE) - La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba) en 2012, para favorecer el comercio en la región.
Algunos de esos procesos tienen que ver con lavado de activos y transacciones ficticias entre empresas venezolanas y ecuatorianas con el uso indebido del Sucre, un sistema de unidad de cuenta común que reemplaza las operaciones comerciales habitualmente efectuadas en dólares.
La Fiscalía, en un informe proporcionado a Efe, indicó que entre los procesos en los que ha intervenido destaca el caso Coopera, una cooperativa financiera de la ciudad de Cuenca, en el que fueron condenados sus principales directivos, Clemente R. A. y Raúl C.
Según las investigaciones, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través de Coopera, entidad con permiso para operar con el Sucre, se hicieron “84 transacciones inusuales e injustificadas” por 35.372.937 dólares a 12 empresas ecuatorianas ficticias que recibían el dinero desde Venezuela por el supuesto pago de exportaciones de maquinaria e insumos químicos.
Otro caso es el del Banco Territorial, cerrado también por malversación de fondos y en el que se detectaron operaciones irregulares a través del Sucre, luego de que la entidad fuera intervenida.
Un tribunal de Guayaquil ordenó en abril pasado la prisión preventiva, con fines de investigación, de Pietro Z., gerente, y otras dos personas, Raúl S. y el venezolano Samuel S.
Pietro Z., según el diario El Universo, está radicado en Miami (EE.UU.) y en diciembre del año pasado creó la corporación ZH Capital World Wide LLC, con sede en Florida.
Un informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía ecuatoriana sostiene que el delito “tuvo relación con las transferencias irregulares” por medio del Sucre, “una vez que la Junta Bancaria ordenó capitalizar la entidad”.
Asimismo, se verificó que “grandes cantidades de dinero, que provenían de cuentas de empresas que tenían ahorros en el mismo banco y en otros, como fue el caso de las firmas Salivam y Durcodor, primero pasaban por la cuenta de Pietro Z. y de ahí se derivaban a la entidad bancaria”.
La Fiscalía también investiga un caso de varias empresas en Ecuador que se han acogido al sistema Sucre y que, como la compañía Pifogardens, estarían “recibiendo altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones con precios sobrevalorados”.
En julio de 2013, la Fiscalía inició una instrucción contra los representantes de Pifogarden, pero por asuntos de competencia legal, la audiencia de juicio debe volverse a realizar, precisa el informe del Ministerio Público.
Otro de los casos es Escastell, en el que los imputados, aparentemente, contrataron a unas 200 personas de bajos recursos de una zona marginal de la ciudad de Guayaquil para que figuraran en comprobantes de venta y facturas, para justificar gastos.
La firma Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda (Escastell) “supuestamente se dedicaba a exportar hacia Venezuela maquinaria agrícola que se vendía con sobreprecio, a través del sistema Sucre”.
“Ese dinero regresaba a Ecuador mediante transferencias bancarias, de esta forma se efectuaba el lavado de activos“, añade el informe de la Fiscalía y precisa que los imputados pagaban 30 dólares mensuales a cada contratado en las zonas marginales para falsificar los documentos privados.
Uno de los accionistas de Escastell, Byron E., fue sentenciado a 4 años de reclusión menor ordinaria, mientras que otro de los socios, Adriano C., de nacionalidad colombiana, se encuentra en suspensión de juicio por estar prófugo.
Otros dos casos investigados por la Fiscalía, Global Merchandising y Fondo Global de Construcciones, en los que también se indaga el uso irregular del sistema Sucre, se encuentran en procesos de “indagación previa”, señala el informe de la Fiscalía.
