La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que el Estado venezolano tiene una expectativa positiva en cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López.
Indicó que una vez conocida la decisión, representantes del gobierno venezolano de pronunciarán sobre la sentencia. “Ellos saben que la sentencia que se emane, que no la conocemos (…) dependen muchos factores para la región”, dijo al recordar que el mal manejo de fondos públicos tiene un impacto fuerte en las economías latinoamericanas.
“Hay uno de los magistrados que ha dicho que ha ponderado muy bien cuáles son las consecuencias que tendría esta decisión para toda la región”, agregó.
El exalcalde de Chacao agotó las instancias nacionales sobre su inhabilitación política y presentó en caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, posteriormente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Los jueces encargados de tomar una decisión deliberaron en la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre el caso y se espera que se conozca próximamente la decisión de esta instancia. El gobierno nacional ha reiterado en varias ocasiones que la sentencia no es de obligatorio cumplimiento para Venezuela.
Indicó que una vez conocida la decisión, representantes del gobierno venezolano de pronunciarán sobre la sentencia. “Ellos saben que la sentencia que se emane, que no la conocemos (…) dependen muchos factores para la región”, dijo al recordar que el mal manejo de fondos públicos tiene un impacto fuerte en las economías latinoamericanas.
“Hay uno de los magistrados que ha dicho que ha ponderado muy bien cuáles son las consecuencias que tendría esta decisión para toda la región”, agregó.
El exalcalde de Chacao agotó las instancias nacionales sobre su inhabilitación política y presentó en caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, posteriormente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Los jueces encargados de tomar una decisión deliberaron en la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre el caso y se espera que se conozca próximamente la decisión de esta instancia. El gobierno nacional ha reiterado en varias ocasiones que la sentencia no es de obligatorio cumplimiento para Venezuela.
