Angel Enrique Fernández, casi desconocido entre la fragmentada disidencia local, se cosió la boca al comenzar su ayuno de 79 días, con el que pedía la liberación de Alan Gross, un estadounidense condenado a 15 años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado y cuyo caso entibió un leve avance en las relaciones entre La Habana y Washington.
Fernández, de 45 años y cuyo estado de salud está deteriorado a causa del ayuno, dijo por teléfono a Reuters que dos funcionarios y un agente policial lo visitaron el viernes y le pidieron que dejara la huelga. Autoridades cubanas no estuvieron disponibles para comentar el tema.
“Hoy, viernes, funcionarios del Gobierno regresaron a mi casa y me dijeron que en dos meses iban a liberar a Alan Gross, pero no por una posición de fuerza mía, sino por razones humanitarias que consideraba el Gobierno”, agregó tras deponer la huelga.
Gross, de 62 años, fue sentenciado en marzo acusado de introducir equipos ilegales de comunicación satelital como parte de un programa estadounidense que intenta promover un cambio político en la isla.
El contratista negó los cargos y autoridades estadounidenses intervinieron, hasta ahora sin éxito, para pedir su libertad.
Cuba vio la labor de Gross como una vía para socavar su sistema socialista instalado poco después de la revolución de 1959.
El caso de Gross está en manos de jueces cubanos, que revisan actualmente un recurso de apelación presentado por sus abogados ante el Tribunal Supremo de Cuba, la máxima instancia jurídica local.
Fernández dijo que las autoridades locales lo habían visitado previamente para conminarlo a abandonar la protesta, lo cual había rechazado hasta el viernes. En varias ocasiones había sido hidratado por vía intravenosa en una clínica próxima a su casa en La Habana.
“El fin de esto es que lo liberen porque es un ser humano y está injustamente preso”, explicó el opositor.
Fernández había iniciado su huelga en marzo junto al también poco conocido disidente Vladimir Alejo Miranda, quien levantó en mayo la protesta por razones de salud.
Cuba considera a los disidentes como Fernández y Alejo “mercenarios” al servicio de su enemigo Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Raúl Castro sostiene que no responderá a presiones ni chantajes y que las excarcelaciones de más de un centenar de opositores el pasado año ocurrieron por “decisión soberana” del Estado tras un histórico acuerdo con la Iglesia Católica.
Las huelgas de hambre han sido utilizadas por opositores cubanos en los últimos tiempos para intentar presionar a las autoridades comunistas.
En febrero del 2010 murió tras 85 días de huelga el preso político Orlando Zapata Tamayo, quien exigía mejores condiciones carcelarias y cuyo deceso provocó críticas a Cuba en materia de derechos humanos. La Habana lo consideraba un preso común.
El disidente Guillermo Fariñas inició una protesta similar tras la muerte de Zapata Tamayo, para exigir la liberación de los presos políticos enfermos.
