(Prensa Eduardo Gómez Sigala) El diputado por el estado Lara y jefe
de la Fracción Parlamentaria de la Concertación Humanista, Eduardo Gómez Sigala,
señaló que espera que el Tribunal Supremo de Justicia reconsidere la
desaplicación del artículo 471 del Código Penal que despenaliza las
invasiones en el país.
“Espero que haya la sensatez de que esto tenga una corrección en su
interpretación, así como también espero que la Asamblea Nacional no se haga eco
de esto porque aún estamos discutiendo la reforma del Código Penal”.
Gómez Sigala afirmó que esta decisión “no permite la gobernabilidad
del país sino el embochinchamiento y la anarquía. Realmente atenta
contra lo que establece la misma Constitución en el artículo 115, el derecho a
la propiedad privada”.
El parlamentario advirtió que esta situación no sólo genera conflictividad y
confusión en el campo rural sino que también podría trasladarse al urbano pues,
a su parecer, no hay forma de hacer esa separación en la interpretación.
“Esto no es otra cosa que una provocación en un año como el que viene que es
especialmente complejo, electoral y en el que confusiones de esta naturaleza van
a la esencia misma de la democracia. Interpretaciones de esta naturaleza, que
tienen un componente adicional porque la presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia lo anunció en el marco de la celebración de la Batalla de Santa Inés,
apelando, por supuesto, al espíritu de Zamora, al espíritu de la tierra,
de los campesinos, a esa conflictividad”, dijo.
Asimismo, alertó que se podría “generar una conflictividad directa entre los
ciudadanos, el propietario y el que quiere reclamar un derecho de ocupación o la
invasión de alguna propiedad privada, mientras el Estado no les garantiza un
arbitraje o la aplicación de la norma como la misma ley lo señala”.
Alertó acerca de la posibilidad de que el Estado pretenda “como es el único
que tiene las armas, que tiene la fuerza, ser el árbitro en un proceso de esta
naturaleza que puede tener consecuencias muy delicadas. No se puede ver esta
decisión como algo aislado, hay que unirlo con toda esta legislación apresurada
que tratan de imponer, en la cual el Gobierno, por una parte debilitando las
estructuras policiales del país y por otra parte profundiza esa militarización,
dándole atribuciones a las fuerzas militares en áreas que no necesariamente le
competen. Pero es que tenemos unas leyes que estamos discutiendo como la
Ley de la Delincuencia Organizada que permite declarar terrorista a cualquier
persona por la amplitud que hasta ahora está. Lo que prolifera en todas estas
nuevas legislaciones es exceso en la penalización, por eso llama la
atención que en este caso más bien se despenaliza, en este caso la permisividad
pareciera la norma y la lectura pareciera lo que se busca es provocar y lo
preocupante es que si las personas se organizan para defenderse entonces van a
decir que estos son grupos anárquicos o terroristas o que son grupos
paramilitares no que son grupos que están defendiéndose cuando el Gobierno no
les garantiza sus derechos constitucionales”.
Finalmente, el diputado del estado Lara dijo esperar que “El Gobierno no esté
asumiendo estos conflictos sociales como un escenario para sacar la fuerza
militar a la calle y crear estados de excepción, para manejar coyunturas en años
electorales que pudieran resultar convenientes para un Gobierno en un proceso de
debilitamiento, de deterioro, especialmente a partir de febrero cuando tengamos
una conducción política homogénea en una sola candidatura”.
