Durante un contacto con Noticias24 Radio, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, denunció queel retardo procesal, el hacinamiento y la falta de actividades para la reinserción social son los principales problemas de las cárceles venezolanas.
Prado explicó que en Venezuela existen 33 centros penitenciarios con 16 anexos de damas y una población total de 45.500 presos, aunque la capacidad es sólo para 14.500 reclusos.
“Sobran 31 mil internos, esto representa un “210% de hacinamiento en las cárceles, ademas del retardo procesal, pues casi el 65% de ellos se encuentra en prisión preventiva“, señaló.
Con respecto a las declaraciones de Carlos Nieto Palma, profesor universitario y Coordinador General de la ONG Una Ventana a la Libertad, donde aseguró que “todo el mundo porta armas de fuego en los centros penitenciarios”, Prado expresó que “no son todos”.
“Los que andan en los grupos internos armados se les conoce como ‘pranes’, y conforman un grupo denominado ‘El Carro’.”añadió.
Prado indicó que en cualquier cárcel del mundo por cada 10 internos debe haber un guardia de seguridad, aspecto que no se cumple en Venezuela pues “por cada 100 internos hay un sólo seguridad“.Señaló que si el gobierno tiene información de dónde se encuentran las armas “deberían ir en búsqueda de ellas. En el primer semestre del año fallecieron 304 personas, 15% más que en el primer semestre del año pasado y el Estado no ha mostrado acciones contundentes para atacar este problema”.
Otra de las fallas a las que hizo referencia tiene que ver con la falta de servicios en los centros. “El Estado debe asegurarse de que el interno trabaje, estudie, haga deportes, tenga un plan para su reinserción en la sociedad, pero eso no pasa, además de que no existe una clasificación por edad o por gravedad de delitos”, expresó.
Para finalizar nombró los pasos que según él, podrían ayudar a solucionar los problemas existentes en las cárceles de nuestro país.
“En primer lugar que haya un proceso de descentralización para que los gobiernos regionales ejecuten sus políticas públicas. Que haya el numeró de jueces y fiscales según el número de causas en cada estado, y para finalizar, que se garantice a la población interna el derecho al estudio y actividades que generen algún recurso para mantener a sus hijos y esposas cuando salgan al exterior”, recalcó.
