Alfredo Romero, representante del Foro Penal Venezolano, se refirió a la intervención en primer grado de la policía de El Hatillo, señalando que el problema de la inseguridad en el municipio urgía. Indicó que es importante prestar atención a la autonomía policial.
"Debe establecerse las responsabilidades por las cuales se llegó al extremo de la intervención. Debe considerarse de carácter temporal la medida. Hasta ahora no conocemos la resolución que específica la fórmula de las bases de la intervención de la policía de El Hatillo”, dijo.
Romero indicó que el caso de PoliHatillo es excepcional y no se puede usar como excusa para realizar intervenciones de otros cuerpos de seguridad, lo cual violaría el concepto de autonomía municipal.
"Consideramos que la medida era necesaria porque el cuerpo particular de El Hatillo no estaba funcionando, pero solo ahí. Las autoridades del municipio deben asumir las responsabilidades sobre la intervención", destacó.
Por otra parte, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre un recursos de nulidad interpuesto contra la Ley de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Atribuciones. Según el abogado, el texto legal plantea la transferencia obligatoria de competencias de las alcaldías y gobernaciones a las comunas.
"Debe establecerse las responsabilidades por las cuales se llegó al extremo de la intervención. Debe considerarse de carácter temporal la medida. Hasta ahora no conocemos la resolución que específica la fórmula de las bases de la intervención de la policía de El Hatillo”, dijo.
Romero indicó que el caso de PoliHatillo es excepcional y no se puede usar como excusa para realizar intervenciones de otros cuerpos de seguridad, lo cual violaría el concepto de autonomía municipal.
"Consideramos que la medida era necesaria porque el cuerpo particular de El Hatillo no estaba funcionando, pero solo ahí. Las autoridades del municipio deben asumir las responsabilidades sobre la intervención", destacó.
Por otra parte, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre un recursos de nulidad interpuesto contra la Ley de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Atribuciones. Según el abogado, el texto legal plantea la transferencia obligatoria de competencias de las alcaldías y gobernaciones a las comunas.
