AVN).- Fueron reactivadas las investigaciones sobre las denuncias de incumplimiento de la Ley de Licitaciones en la Gobernación de estado Monagas y de irregularidades en la Gobernación del estado Lara, informó este miércoles el presidente de la Subcomisión Nº 1, de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Erick Mago.
Entre las denuncias que se le investigarán que recaen en el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, destaca la construcción de la autopista Caicara-Potrerito, obra otorgada a la empresa Antoja por un monto superaba los 200 millones de bolívares, sin el debido proceso de Licitación, sin disponibilidad presupuestaria y sin firma de contrato alguno.
También se investigan las obras de la avenida perimetral de Caicara de Maturín, “adjudicada directamente sin que el Ejecutivo regional tuviera la disponibilidad presupuestaria para contratar; asimismo fue iniciada la obra, sin la firma de contratos”, explicó el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Sucre.
El parlamentario indicó que en dichos casos se violó el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que reza: “No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para la finalidad distinta a la prevista”.
La Asamblea Nacional indagará también la ampliación y mejora del tramo vial Maraquero-Crucero de Viento Fresco, del municipio Cedeño, para lo cual fueron asignados recursos superiores a los 30 millones de bolívares.
Esta obra fue adjudicada directamente a la empresa Tomasa, sin firma de contrato; y luego reasignada sin proceso licitatorio a la empresa Consanto, la cual inició la ejecución de la misma sin suscribir el contrato de inicio de la obra.
Las investigaciones al gobernador Briceño también incluyen las obras de la autopista Maturín-El Furrial, signada a la empresa Constructora Termini, S.A. (Coter), sin licitación ni firma de contrato.
Dichas obras se encuentran “en franco proceso de deterioro, luego de haberse ejecutado el movimiento de tierras, que consumió la suma de 120 millones de bolívares”, sostuvo el diputado, en una declaración ofrecida a representantes de los medios de comunicación desde la sede legislativa ubicada en Pajaritos, Caracas.
Agregó que de igual manera al Gobernador de Monagas se le abre averiguación por la ampliación de la Transversal nueva, que desemboca en la avenida Libertador de Maturín.
En este caso en particular “en el momento de la denuncia estaba siendo ejecutada por la empresa FZ, sin proceso de licitación, sin contratación y llevaba consumido más de 1 millón 900 bolívares”.
La construcción de los planchones para la actividad agrícola en el sector Mundo Nuevo, en el límite entre el municipio Acosta del estado Monagas y el estado Anzoátegui, también forma parte de la investigación, por no contar con el proceso licitatorio, la disponibilidad presupuestaria y por no tener firma de contrato.
Se incluye en la amplia lista, el contrato de modernización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación de la entidad, con financiamiento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides).
Adjudicaciones directas
Sobre tales denuncias -recordó el diputado Mago- el gobernador José Gregorio Birceño alegó que los trabajos se sustentan en el Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, en materia de infraestructura.
El parlamentario aseveró que en tal sentido que “lo que hay es un acto motivado, donde él (Briceño) hace un decreto de emergencia para justificar las adjudicaciones de manera directas”.
“Fue un decreto de emergencia”, explicó el diputado, quien además recordó que para estos decretos el único autorizado es el Presidente de la República, establecido así en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 337.
“En primer lugar él (Gobernador) no tiene potestad para hacer un decreto de emergencia”, dijo.
“Un decreto de emergencia sólo se hace en una situación de calamidad pública, que afecte a la seguridad nacional, que afecte a los ciudadanos. Un conjunto de elementos de características que permiten decretar una emergencia nacional”, añadió.
Recursos represados en Lara
Sobre el caso del gobernador del estado Lara, Henri Falcón, el parlamentario Mago mencionó que se le investiga, entre otros casos, por los recursos (25 millones de bolívares) provenientes del Ministerio del Poder Popular para Salud, solicitados para una emergencia, pero que en el momento previsto no se utilizaron, sino que fueron colocados en una entidad bancaria, posteriormente intervenida, por lo cual los recursos quedaron represados.
De acuerdo con el diputado, en ambos casos existen los elementos suficientes para declarar las responsabilidades políticas.
Dijo que el equipo técnico trabaja en sustanciar al detalle los expedientes, para luego presentarlos a la plenaria de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Una vez que sean aprobados irán a la plenaria del Parlamento.
“Esos son suficientes motivos para declarar responsabilidades políticas a estos señores (Falcón y Briceño) que quieren hacer del manejo de los recursos públicos como que fuese una bodega o una pulpería”.
Estimó que en las próximas dos semanas la Subcomisión Nº1 que preside presentará el informe definitivo para la declaración de responsabilidades políticas a ambos gobernadores.
Constitución establece responsabilidades
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Sucre mencionó que estas investigaciones son parte del mandato que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 187, numeral 3, que indica que le corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley.
Allí además se señala que los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca.
De igual manera, en el artículo 222 establece que “la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento”.
“En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”, añade el citado artículo.
“Es importante que el pueblo sepa que nosotros estamos obedeciendo aquí un mandato Constitucional”, manifestó el parlamentario.
