Allanar y ocupar una vivienda se considerará un delito penal desde mañana en Inglaterra y Gales y se castigará con multas y penas de hasta seis meses de cárcel, informa hoy la cadena británica BBC.
Hasta el momento, ocupar una vivienda de forma ilegal se consideraba una falta civil y los propietarios, incluidos los ayuntamientos, debían acudir a un juzgado para probar que los ocupantes habían entrado en la casa.
La nueva ley, que entrará en vigor mañana, establece que pasará a tratarse como delito penal y fija una pena máxima de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 5.000 libras (6.300 euros).
Así, los propietarios que consideren que su vivienda ha sido ocupada ilegalmente podrán notificárselo a la policía, que verificará la denuncia y podrá arrestar a los moradores si ésta se demuestra cierta.
Para ello, los agentes deberán probar que los ocupantes traspasaron la entrada de la vivienda y que "están viviendo o pretenden vivir" en la casa.
La nueva norma no afectará en cambio a los inquilinos que se retrasen en el pago de sus cuotas de alquiler.
El Gobierno británico considera que esta medida ofrecerá una mejor protección a los propietarios y acabará con el problema.
El secretario de Estado de Vivienda, el conservador Grant Shapps señaló que durante demasiado tiempo, gente trabajadora ha tenido que afrontar largas batallas legales para recuperar sus casas y pagar reparaciones de miles de libras cuando finalmente se iban los moradores.
"Nunca más hablaremos de los llamados 'derechos de los okupas'. En su lugar, pondremos la justicia en favor del propietario y la ley ley será transparente como el cristal: entrar en una propiedad con intención de ocuparla será un delito criminal", añadió Shapps.
Activistas por los derechos de los "squatter" advirtieron por su parte que esta norma castigará a los más vulnerables e incrementará el número de personas que duermen en la calle.
"Lo que necesitamos es hacer frente a la crisis de la vivienda y no criminalizar a aquellos que son los más vulnerables de nuestra sociedad", indicó Catherine Brogan, del grupo activista "Squatter's Action for Secure Housing". EFE
