La paralización, por un fallo judicial, de la construcción de una central térmica en el norte de Chile compromete el desarrollo futuro del país, afirmó hoy el Gobierno, que no obstante reiteró su respeto a la decisión de la Justicia.
"Quiero manifestar mi preocupación por ese tema", sostuvo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al exponer en un seminario sobre "Chile en camino al desarrollo", organizado por el Consejo de las Américas".
"Tenemos un desafío energético muy importante. Respetamos el fallo de la Corte Suprema, pero manifiesto mi preocupación por lo que esto significa respecto del suministro eléctrico, especialmente en el norte de Chile", subrayó.
El pasado martes, la Corte Suprema acogió un recurso presentado por organizaciones sociales y pobladores de la región de Atacama y condicionó a nuevas evaluaciones ambientales la continuidad del proyecto de la Central Castilla, del grupo brasileño MPX.
Con una inversión de unos 4.400 millones de dólares, la planta a carbón busca abastecer de electricidad principalmente a los grandes yacimientos mineros del norte chileno.
El fallo "nos pone la vara todavía muy alta. Vamos a respetar siempre la institucionalidad, a los poderes del Estado, pero eso no quita que podamos manifestar nuestra preocupación", manifestó Larraín.
En Chile "tenemos un problema de generación energética, un desafío mayor. Tenemos costos de energía que son altos respecto a nuestros competidores, tenemos inversiones planteadas en el norte superiores a 20.000 millones de dólares y esto nos va a llevar a mirar otras alternativas", apuntó.
Según el ministro, "se puede traer energía de otros lugares, así como interconectar Chile (...), son ideas que se evalúan, así como la carretera eléctrica, de manera de poder trasladar energía de un lugar otro", puntualizó.
Una de las ideas que se debaten en Chile es la llamada "carretera eléctrica" que ha planteado el Gobierno, para unir los sistemas interconectados Central (SIC) y del Norte Grande (SING), en medio de una creciente reprobación ciudadana a nuevos proyectos, principalmente térmicos, pero también algunos hídricos.
En esta línea, el presidente Sebastián Piñera dijo hoy, tras firmar el proyecto de ley que perfecciona el sistema para crear una carretera eléctrica pública, que en el primer semestre de 2013 el Gobierno llamará a una licitación para construir una línea de interconexión entre el SIC y el SING.
Precisó que el tendido de transmisión irá entre la subestación Cardones (SIC) y una nueva que se construirá cerca de la subestación Encuentro (SING), con una extensión de 610 kilómetros, una capacidad de 1.500 MW y una inversión de 700 millones de dólares.
Piñera subrayó que la iniciativa "busca generar una mayor certeza jurídica a los inversionistas y a la sociedad entera" y que según la Comisión Nacional de Energía, el proyecto se presenta como "necesario, urgente y rentable".
Larraín subrayó hoy que "el desafío energético es mayor" y manifestó que el Estado "siempre está disponible para mejorar la institucionalidad que tiene el país".
"Creo que tenemos una institucionalidad seria, pero hay que recordar que hay cosas que no están en manos del gobierno, que pertenecen a otros poderes del Estado, como es lo que hemos observado en la judicialización de algunos proyectos", sostuvo.
Antes de intervenir en el seminario, el ministro de Hacienda respondió a una afirmación del brasileño Eike Batista, dueño de MPX y por ende de la Central Castilla, que tras el fallo judicial sostuvo por twitter que invertir en Chile "se está haciendo imposible".
"Yo le respondería que mirara las cifras de inversión extranjera entregadas ayer, que revelan 12.300 millones de dólares de inversión en el primer semestre del año, con un 80 % de aumento interanual", dijo.
Batista, el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, también escribió en twitter "Si no nos quieren, vámonos! bye, bye !"
"Llamo a los que critican a mirar cómo están las realidades y las condiciones para invertir en sus propios países", replicó el ministro chileno.
EFE
