Tres de seis. En la quiniela de reformas que España debe llevar a cabo en los próximos meses si quiere evitar nuevas exigencias por parte de Europa, el Gobierno por ahora sale perdiendo. De los seis grandes bloques de cambios que reclama Bruselas, solo uno está definitivamente encarrilado, el que incluye golpes a los contribuyentes tan duros como la subida del IVA el 1 de septiembre o la retirada de la desgravación por compra de vivienda a partir de 2013. Otros dos requisitos—la consolidación fiscal y el saneamiento del sector bancario— se están llevando a cabo y habrá que esperar para ver si concluyen con éxito. Pero hay tres a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha metido mano en esta nueva vuelta de tuerca que pide la UE: los relacionados con el mercado laboral, las pensiones y las medidas para impulsar la formación y empleo de los jóvenes y el crecimiento.
Hay más aún. Porque el memorando de entendimiento —el contrato que el Gobierno firmó para obtener hasta 100.000 millones con los que rescatar a la banca española— señala las seis reformas ya citadas, y añade algunas más que por ahora no se han abordado. Entre otras, arreglar el problema del déficit de tarifa eléctrico, completar las conexiones de electricidad y gas con Francia o acelerar la liberalización de servicios profesionales. La flexibilización de los horarios comercialesaprobada el mes pasado supone un avance en esta dirección.
“La parte sustancial del ajuste está hecha. No habrá nuevas medidas.Con las que hemos aprobado será suficiente”, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero este vaticinio solo se cumplirá si España logra cerrar este año con un déficit del 6,3% del PIB y si los socios europeos se dan por satisfechos con el resto de reformas.El cumplimiento de estas exigencias no es baladí: Bruselas y los Gobiernos europeos las mirarán con lupa cuando tengan que decidir si el previsible segundo rescate parcial —con el que se pretende relajar las tensiones en el mercado de deuda— conllevará nuevas medidas, eufemismo que suele traducirse en recortes.
En Bruselas reconocen el “esfuerzo impresionante” que ha hecho el Gobierno para reducir el agujero presupuestario y las reformas estructurales aprobadas, pero hay algunos aspectos que echan de menos. “Si la situación económica se deteriora en el segundo semestre, será muy importante que España se centre en las políticas de impulso a las pequeñas y medianas empresas, lucha contra la pobreza y generación de empleo”, señalan fuentes de la Comisión.
El Gobierno responde que está haciendo los deberes y que es demasiado pronto para hacer una valoración global. “Nuestro compromiso es claro y firme tanto en déficit como en el sector financiero. Para el primer objetivo hemos dado los pasos adecuados, y para el segundo estamos dentro de los plazos fijados”, responden en el Ministerio de Economía.
Las recomendaciones específicas que señalan los seis bloques incluyen incumplimientos incluso en la poda del déficit público, el aspecto en el que se ha centrado el Gobierno. La Comisión Europea exige la creación de una agencia fiscal independiente encargada de supervisar la ejecución presupuestaria, pero en Madrid todavía no se ha oído hablar de este nuevo organismo.La maraña de documentos legales que salen de Bruselas marcará muy de cerca todos los aspectos imaginables de la economía española. El procedimiento por déficit excesivo, el texto que fija el calendario para la consolidación fiscal hasta 2014, puede multar al Estado que se salga del camino marcado. Más preocupante aún sería un fallo en los objetivos del memorando de entendimiento, ya que podría suponer la cancelación de la ayuda financiera a la banca. Este es un documento fundamental. La Comisión y los Gobiernos de la zona euro examinarán su cumplimiento al detalle y servirá de base para el otro memorando que España tendrá que firmar necesariamente si finalmente pide ayuda al fondo de rescate europeo y al BCE para que compren su deuda pública.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha dado su opinión sobre la peliaguda cuestión de imponer aún más ajustes a España. “No hay mucho más que se pudiera pedir a España si estuviera bajo un programa del FMI”, dijo la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, la semana pasada. La decisión final, según señalan fuentes comunitarias, será más política que técnica. Los líderes de la zona euro deberán examinar qué ha hecho el Gobierno de Rajoy hasta la fecha y qué más se le puede pedir. Será entonces cuando echen mano del listado de exigencias redactado en Bruselas y lo compararán con el panorama que ven en Madrid.Los aspectos más retrasados tienen que ver con las pensiones y el mercado laboral. Bruselas quiere acelerar el periodo transitorio para elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, que con las normas actuales comenzará en 2013 y culminará en 2027. Otro punto conflictivo es el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo para minimizar el impacto del envejecimiento de la población en la caja de las pensiones. El Gobierno ha anunciado su intención de llevar próximamente este asunto al Congreso, pero por ahora no hay más detalles. Otro aspecto fundamental es el impulso de las políticas activas de empleo, pero aquí no solo no se ha avanzado, sino que los Presupuestos recortaron la partida de unas políticas en las que España, con un paro estratosférico, ya tenía un gasto inferior a la media de los países de la OCDE.
Con información de Manuel V. Gómez y Alejandro Bolaños.
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