María Rosa, nombre ficticio, es una niña de 14 años que, lejos de jugar a las muñecas como otras chicas de su edad, se levanta a las cuatro de la madrugada para preparar el maíz, ir al molino y ponerse a trabajar en la elaboración de tortillas, el pan de los países centroamericanos comoGuatemala. Desde esas horas carga en las espaldas a su hija, que tiene ahora un año y cuatro meses. Su futuro está hipotecado y solo piensa en asegurar la comida del día para ella y su retoño.
Con la resignación atávica de los pueblos sometidos, María Rosa, de la etnia maya-quiché, cuenta que cuando solo tenía 12 años se enamoró de un chaval que le aseguró que era soltero. El noviazgo pronto pasó a mayores y la adolescente se quedó embarazada. Ni siquiera se enteró, hasta que una de sus hermanas se percató del hecho.
Dada la edad de la niña, entonces de 13 años, se denunció el embarazo y el novio fue citado a un juzgado de familia. “Fue muy doloroso verlo llegar a la audiencia acompañado de su mujer y tres hijos”, cuenta María Rosa. Añade que el juez dictaminó que el padre tenía que reconocer a la niña en camino y darle una pensión alimentaria, a lo que el acusado accedió y firmó el acta correspondiente. Pocas semanas después emigró ilegalmente a Estados Unidos, dejando a la madre y al bebé en el desamparo más absoluto.
El calvario de María Rosa solo empezaba. Su madre falleció repentinamente y el padre buscó una nueva pareja. Sola y abandonada, buscó refugio en casa de su abuela, donde encontró un rincón donde dormir. Desde entonces la pobreza extrema la obliga a trabajar jornadas de hasta 16 horas diarias para garantizarse el sustento mínimo: tortillas de maíz con sal y unos pocos frijoles. Por ser menor de edad, no puede inscribir a su hija en el Registro Civil y su padre y abuela se niegan a hacerlo de su parte. Su bebé es legalmente inexistente.
Esta tragedia no es un suceso aislado. El problema tiende a crecer y las estadísticas lo confirman. En lo que va de 2013 en el hospital regional de Quetzaltenango, -la segunda ciudad de Guatemala a 206 kilómetros al noroeste de esta capital- ocho niñas de entre 10 y 12 años han dado a luz. Una media de unas 60 menores de edad acuden mensualmente a un control prenatal.
En la provincia la asistencia hospitalaria es mínima. La mayoría de nacimientos son asistidos por comadronas (parteras). Aura Elías, con 25 años de experiencia, informó que mensualmente atiende una media de cinco partos de niñas menores de 14 años.
Cifras de escándalo
De acuerdo a estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés), en 2012 se reportaron 54.971 casos de partos en menores de 19 años. “De ellos, 3.771 corresponden a niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años”, afirmó el representante de la organización en Guatemala, Christian Skoog. Añadió que en ese año están documentados 32 partos de niñas de 10 años.
Las estadísticas de las Naciones Unidas sitúan a Guatemala, Nicaragua y Honduras como los países de Latinoamérica con el número más alto de embarazos en menores. “Guatemala tiene el porcentaje más alto. Al grado de estar entre los diez países del mundo con más casos documentados”, añadió Skoog. El fenómeno también influye en la cifra de muertes maternas, en la que Guatemala ocupa uno de los puestos más altos del mundo: 139 decesos por cada 100.000 partos. La vecina Costa Rica apenas reporta 30 casos.
Para Unicef, la falta de acceso a la educación es la causa principal de este fenómeno. “Hay un compromiso creciente para mejorar el acceso a la educación, pero todavía es insuficiente. No hay educación de calidad”, comenta el experto.
“En Guatemala hay un marco legal bastante bueno, pero los ingresos del Estado son insuficientes para hacerlo funcionar”, subraya y muestra su preocupación por las circunstancias dramáticas que enfrentan estas niñas-madres y sus bebés. “En la adolescencia, una mujer no es físicamente apta para nutrir adecuadamente a un bebé. Es un extremo que compromete desde el momento de nacer el futuro de cada niño”, concluye Skoog
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