El exgobernador de Guárico, Luis Enrique Gallardo, habría sido trasladado a primeras hora de la mañana al Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. Tanto Gallardo como 5 exfuncionarios de su equipo de gobierno fueron imputados por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión, entre los años 2010 y 2012.
La Fiscalía imputó al exgobernador de Guárico, quien ocupó el cargo tras el fallecimiento de Willian Lara, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, violación de procedimientos licitatorios, malversación específica de fondos públicos y concierto de funcionario público con contratista, todos previstos en la Ley contra la Corrupción. Sus colaboradores fueron imputados por los mismos delitos pero en grado de complicidad.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 2° Control de Guárico, instancia que admitió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad. Una vez culminada la audiencia cerca de la medianoche de este lunes, tanto Gallardo como los 5 exfuncionarios pasaron la noche en los tribunales para ser trasladados hoy a Tocuyito.
Las otras personas privadas de libertad junto a Gallardo son: el expresidente del Instituto Autónomo de la Vivienda, Leonardo Rodríguez; el exsecretario general de gobierno, Carlos Alfonzo Cerezo; el expresidente de la comisión de contrataciones de la gobernación, Ciro Pérez Pérez; el exconsultor jurídico, Nemecio Cedeño; y el exsecretario de infraestructura, Argel Barrios.
El tribunal también acordó medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo de las cuentas bancarias de los imputados.
Estas 6 personas quienes estuvieron al frente de la Gobernación de Guárico entre 2010 y 2012, estaban siendo investigadas desde el 22 de marzo de este año, cuando el actual procurador del estado Guárico, Ricardo Romero La Roche, denunció ante el Ministerio Público el presunto incumplimiento en la ejecución de recursos para la construcción de viviendas en diferentes municipios del estado Guárico, durante la gestión de Gallardo.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado al Estado asciende a más de 60 millones de bolívares, recursos que habían sido aprobados para la construcción de 650 viviendas.
