(Nota de Prensa).- Estacio y Núñez explicaron que a raíz de la denuncia pública del abogado Joel García, ex defensor de Rodolfo González (a) “El Aviador”, fallecido la semana pasada en los calabozos del Sebin, habría surgido entre la fiscal Harrington y el alcalde Ledezma conflicto de intereses.
Omar Estacio y José Fernando Núñez, defensores del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que separe del proceso a la Fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Harrington Padrón y su asistente, Yeison Moreno, pues habrían intentado inculpar falsamente a la máxima autoridad capitalina a través de uno de los detenidos por el Sebin.
Los integrantes de la defensa de Antonio Ledezma sostienen que existe una causa grave que afecta la imparcialidad de estos fiscales, por lo que presentaron formalmente un escrito de recusación para que sean separados del caso. “Nosotros no necesitamos pedirle a la Fiscalía que cumpla con su deber”, aseguró Estacio.
Manifestaron que existe conflicto de intereses, entre Ledezma y los fiscales recusados, que se deriva de las gestiones adelantadas por la Fiscal Harrington cuando pidió a Rodolfo Gonzalez, bautizado por el Gobierno de Maduro como El Aviador, recientemente fallecido en una celda del Sebin, que “delatara” al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma a cambio de beneficios procesales, según lo reveló a la prensa Joel García, ex abogado del piloto muerto.
“La divulgación de hechos tan graves, obliga a la propia Fiscalía General a abrir investigación. En tal caso, la fiscal Harrington, pasa a convertirse en parte interesada o directamente investigada, lo que genera conflicto de intereses con Ledezma. Lo que exculparía, en dicha investigación, a la fiscal recusada podría, entonces, revertirse contra Ledezma. O viceversa, lo que inculparía a la fiscal recusada, podría beneficiar a Ledezma dentro del juicio que se le sigue ante el Juzgado 6º de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de Caracas, por supuesta conspiración y asociación para delinquir”, aseguró Estacio.
Núñez, por su parte, explicó que la fiscal Harrington estaría incurriendo en un delito de extorsión. “Las causales taxativas de recusación que establecen tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la Ley Orgánica del ministerio Público, no preveen esta situación, pero sí hablan de causas graves que afecten la imparcialidad del funcionario. De ser cierto eso, evidentemente estaríamos en presencia de una práctica extorsiva que está prevista en la Ley contra la Corrupción, por ser ella un funcionario público”, manifestó el jurista, quien agregó que de ser declarada con lugar la recusación “eso determina incluso su destitución”.
Puntualizaron los defensores de Ledezma que no están prejuzgando la culpabilidad de la fiscal Harrington. “Ella, como todo ciudadano, tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo el solo hecho que con motivo de las declaraciones del doctor Joel García, la doctora Harrington se haya convertido en parte afectada o directamente interesada, la obliga a separarse de inmediato del caso contra Ledezma lo que acarrea, a su vez, la inhabilidad de su fiscal asistente”, afirmó Estacio.
La defensa pidió que, mientras se decide este recurso, los fiscales sean separados de la causa que se sigue ante el Juzgado 6° de Control contra Antonio Ledezma, “lo que no paraliza, ni suspende los lapsos que están corriendo en esa causa penal, pues ahí actúa también el Fiscal Oropeza, quien no es objeto de recusación”, apuntó Estacio.
Los abogados Estacio y Núñez ratificaron que las acusaciones contra Ledezma se basan en “hechos falsos, pruebas evidentemente manipuladas y en calificaciones jurídicas deleznables”, que contravienen más de 70 jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia por lo que confían que en los próximos días se decrete la libertad del alcalde.
