A través de un contacto telefónico con Noticias24 Radio, Tito Blanco, miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, detalló desde su perspectiva las características negativas de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
El representante de la CTV expresó el rechazo por parte de esta central sindical, considerando que “el Presidente no tiene las facultades para su promoción, además que esa Ley debe ser discutida en la Asamblea Nacional, sin contar que no beneficiará de una manera puntual a los trabajadores”.
Igualmente explicó que para la aprobación de esta nueva reforma “solamente se incluyó a la Central Socialista que el Presidente designó para que aportara insumos a la Ley Orgánica (…) una nueva Ley del Trabajo tiene que ser discutida con los trabajadores, con las centrales sindicales, incluso con toda la sociedad, ya que estos realmente serían los verdaderos beneficiados o perjudicados”.
De esta manera, Blanco hizo énfasis en los artículos señalados por el presidente Chávez donde se establece la protección a las madres y mujeres embarazadas, añadiendo que “en el fondo dos artículos son los que benefician a las mujeres embarazadas que no son todas las mujeres trabajadoras, eso se pudo haber mejorado en una reforma sin hacer una Ley nueva”.
Por otro lado especificó que “los trabajadores afiliados a la CTV, a Únete, a la Alianza Sindical Independiente no fueron tomados en cuenta, él no tiene la opinión de todos los trabajadores, tiene la única versión de la Central Socialista“.
Por su parte Tito Blanco en nombre de la CTV indicó que “la primera solicitud consistía en que no se discutiera esa reforma en el marco de un proceso electoral, porque todas las cosas son visualizadas con un fin político (…) la idea es que va con vicios electorales y no con la intención de resolver los problemas de los trabajadores (…) la Ley sí tenía fallas pero había que revisarse y no en un marco electoral”.
El actual planteamiento de la CTV se basa en que “este proceso de reforma sea diferido y el año que viene entre en discusión“.
También destacó que por “falta de seguridad jurídica, el problema del empleo será el mismo y nos preocupa que después de la aplicación en el sector público no haya garantía de que se cumpla lo que tiene que ver con el pago de prestaciones”.
“Tenemos el caso de Corpoelec donde los trabajadores no han cobrado prestaciones, el caso de las empresas en Guayana, tenemos un caso grave en las prestaciones sociales porque la administración pública no las paga, el primer incumplidor de la Ley es el Estado“, expuso el integrante del comité ejecutivo de la CTV.
