Mientras que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avanzado que presentará la semana que viene un paquete de reformas para fortalecer la democracia, el malestar de parte de la población con su gobierno ha vuelto a sacar esta semana a miles de personas a las calles.
El contenido del denominado "paquete democrático" no se conoce y ha sido negociado a puerta cerrada, pero los analistas esperan medidas que mantengan con vida el frágil proceso de paz con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El PKK anunció esta semana que suspendía la pactada retirada de sus milicianos de suelo turco, en dirección al Kurdistán iraquí, y criticó la falta de reformas del gobierno, aunque aseguró que seguía en pie el alto el fuego anunciado en marzo.
Políticos kurdos han abogado por reformas que permitan una educación completa en lengua kurda, leyes antiterroristas menos severas, reducir el umbral electoral del 10 por ciento para entrar en el Parlamento y fortalecer las competencias de las administraciones locales.
"Existe el riesgo de que este paquete democrático no nos satisfaga, pero el proceso (de paz) debe seguir", declaró el vicepresidente del partido kurdo de la Paz y la Democracia (BDP), Pervin Buldan.
Por su parte, el mayor partido opositor, el laico Partido Republicano del Pueblo (CHP), lamentó el secretismo en torno a las reformas y que no hayan sido consensuadas con nadie.
Esta semana, la ilegal Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), nombre de una red de organizaciones que agrupa también al PKK, ha dado su apoyo a las protestas ciudadanas que a mediados de la semana volvieron a resurgir en el país.
Las manifestaciones repuntaron ya a principios de septiembre, alentadas por la contestación al plan para construir una carretera por medio del campus de una universidad en Ankara que obligaría a talar miles de árboles.
En otras ciudades se produjeron concentraciones de solidaridad y en la sureña provincia de Hatay, en la noche del pasado lunes, murió un joven de 22 años durante una protesta.
Tres de las seis muertes en las manifestaciones antigubernamentales desde junio se han producido en Hatay, fronteriza con Siria y sometida a grandes tensiones debido a su heterogeneidad, tanto étnica (allí viven árabes, kurdos y turcos), como religiosa, ya que hay población alauí, suní y cristiana.
El martes se convocaron protestas contra la violencia policial que reunieron a decenas de miles de personas en las principales ciudades del país y volvieron a registrarse graves disturbios en Estambul y Ankara.
Los días siguientes las protestas perdieron fuelle, pero ha quedado claro que el malestar de fondo que ya en junio desembocó en la mayor oleada de manifestaciones contra el Gobierno en una década sigue muy presente.
Una ley que prohíbe desde esta semana vender alcohol a partir de las diez de la noche y a menos de cien metros de colegios y las numerosas mezquitas ha despertado el recelo de las clases medias urbanas por la interferencia gubernamental en su estilo de vida.
Los analistas turcos señalan que la apertura del curso universitario a partir de la próxima semana puede llevar a un nuevo resurgir de las protestas.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional ha criticado esta semana el "uso abusivo por parte de la policía de agua a presión y grandes cantidades de gas lacrimógeno para dispersar las protestas".
Y además solicitó a todos los países que suspendan "los envíos de gas lacrimógeno, vehículos blindados y otros tipos de material antidisturbios a Turquía hasta que las autoridades garanticen el derecho de los manifestantes a la reunión pacífica y a la libertad de expresión".
La agresiva política del Gobierno turco con el régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, puede ser también una fuente de conflictividad ya que la gran mayoría de los turcos no la apoyan.
Recientes encuestas señalan que más del 70 por ciento de los turcos no quiere ningún tipo de intervención en Siria, país con el que comparten 900 kilómetros de frontera, lo que contrasta con la actitud del Gobierno de Ankara, que aboga de forma activa por una acción internacional.
Turquía ha asegurado que se sumaría a cualquier coalición internacional que promueva una intervención, incluso aunque no contase con el visto bueno de Naciones Unidas.EFE
El contenido del denominado "paquete democrático" no se conoce y ha sido negociado a puerta cerrada, pero los analistas esperan medidas que mantengan con vida el frágil proceso de paz con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El PKK anunció esta semana que suspendía la pactada retirada de sus milicianos de suelo turco, en dirección al Kurdistán iraquí, y criticó la falta de reformas del gobierno, aunque aseguró que seguía en pie el alto el fuego anunciado en marzo.
Políticos kurdos han abogado por reformas que permitan una educación completa en lengua kurda, leyes antiterroristas menos severas, reducir el umbral electoral del 10 por ciento para entrar en el Parlamento y fortalecer las competencias de las administraciones locales.
"Existe el riesgo de que este paquete democrático no nos satisfaga, pero el proceso (de paz) debe seguir", declaró el vicepresidente del partido kurdo de la Paz y la Democracia (BDP), Pervin Buldan.
Por su parte, el mayor partido opositor, el laico Partido Republicano del Pueblo (CHP), lamentó el secretismo en torno a las reformas y que no hayan sido consensuadas con nadie.
Esta semana, la ilegal Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), nombre de una red de organizaciones que agrupa también al PKK, ha dado su apoyo a las protestas ciudadanas que a mediados de la semana volvieron a resurgir en el país.
Las manifestaciones repuntaron ya a principios de septiembre, alentadas por la contestación al plan para construir una carretera por medio del campus de una universidad en Ankara que obligaría a talar miles de árboles.
En otras ciudades se produjeron concentraciones de solidaridad y en la sureña provincia de Hatay, en la noche del pasado lunes, murió un joven de 22 años durante una protesta.
Tres de las seis muertes en las manifestaciones antigubernamentales desde junio se han producido en Hatay, fronteriza con Siria y sometida a grandes tensiones debido a su heterogeneidad, tanto étnica (allí viven árabes, kurdos y turcos), como religiosa, ya que hay población alauí, suní y cristiana.
El martes se convocaron protestas contra la violencia policial que reunieron a decenas de miles de personas en las principales ciudades del país y volvieron a registrarse graves disturbios en Estambul y Ankara.
Los días siguientes las protestas perdieron fuelle, pero ha quedado claro que el malestar de fondo que ya en junio desembocó en la mayor oleada de manifestaciones contra el Gobierno en una década sigue muy presente.
Una ley que prohíbe desde esta semana vender alcohol a partir de las diez de la noche y a menos de cien metros de colegios y las numerosas mezquitas ha despertado el recelo de las clases medias urbanas por la interferencia gubernamental en su estilo de vida.
Los analistas turcos señalan que la apertura del curso universitario a partir de la próxima semana puede llevar a un nuevo resurgir de las protestas.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional ha criticado esta semana el "uso abusivo por parte de la policía de agua a presión y grandes cantidades de gas lacrimógeno para dispersar las protestas".
Y además solicitó a todos los países que suspendan "los envíos de gas lacrimógeno, vehículos blindados y otros tipos de material antidisturbios a Turquía hasta que las autoridades garanticen el derecho de los manifestantes a la reunión pacífica y a la libertad de expresión".
La agresiva política del Gobierno turco con el régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, puede ser también una fuente de conflictividad ya que la gran mayoría de los turcos no la apoyan.
Recientes encuestas señalan que más del 70 por ciento de los turcos no quiere ningún tipo de intervención en Siria, país con el que comparten 900 kilómetros de frontera, lo que contrasta con la actitud del Gobierno de Ankara, que aboga de forma activa por una acción internacional.
Turquía ha asegurado que se sumaría a cualquier coalición internacional que promueva una intervención, incluso aunque no contase con el visto bueno de Naciones Unidas.EFE
