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jueves, 13 de marzo de 2014

Blyde sobre la medida cautelar del TSJ: “La protesta pacífica es un derecho constitucional”

 El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, se refirió este jueves a la demanda presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su contra para evitar que sean colocadas barricadas en las vías públicas de su jurisdicción.
Desde la sede de la Alcaldía, el mandatario local aseguró que no había tenido acceso al expediente del caso hasta hoy a las 9 de la mañana. “No querían que supiéramos la incompetencia de dicha demanda, el demandado alega puro hechos locales que dificultan su tránsito dentro del municipio, no nacionales”, explico.
“¿Quién va a emprender las acciones legales? ¿El poder judicial o el Presidente?”, planteó Blyde en relación a las declaraciones emitidas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien aseguró que los alcaldes de Baruta y El Hatillo “deben gobernar y evitar que se tranquen las vías de esos dos municipios. Ellos no tienen opción, tienen que acatar el recurso de amparo”.
Se preguntó cómo el Ejecutivo tenía información sobre la demanda sin que él “ni siquiera tuviera conocimiento” de la misma, pues afirmó que se enteró de la medida por medio de una nota de prensa, “al menos guarden la forma”, fustigó.
Aseguró que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que las autoridades municipales no tienen competencia en el orden público.
Rechazó además las acciones violentas contra los manifestantes, “está prohibida la represión de cualquier protesta pacífica. También estoy en contra del cierre de las vías”.
Informó que trabajadores de la Alcaldía han liberado barricadas en el municipio, “todo el personal de la Alcaldía ha actuado dentro de sus competencias, pero entiendan que cuando hay manifestantes en las barricadas, eso excede nuestras competencias”.
“Si quiere el TSJ tener un reporte de lo que hacen nuestros trabajadores de la Alcaldía, pues se los vamos a consignar”, aseveró.
Asimismo, destacó que no existe ningún mecanismo legal mediante el cual puedan quitarles las competencias que ejerce dentro del municipio.